Hace unos días tuve la oportunidad de visitar, con unos compañeros, la ciudad de Quetzaltenango para conversar con miembros del observatorio ciudadano “Xela ¿Cómo vamos?”. Impacta el interés de los quetzaltecos por ver a su municipio brillar, mejorar la calidad de vida de los pobladores y lograr un departamento próspero y desarrollado. Compartieron que dentro los ejes de trabajo prioritarios del observatorio destacan la salud, la educación y la seguridad ciudadana.
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Quetzaltenango (Xela) es la segunda ciudad más grande del país, rica en historia y con mucho potencial para conectar guatemaltecos del occidente. Se perfila como una ciudad de servicios, clave para el comercio. Desean ser un centro o “clúster” de educación y además de salud de calidad. Actualmente también les preocupa la delincuencia, la infraestructura y la política.
Respecto a la delincuencia en el departamento, se pudo indagar que ha aumentado si se mide en el número de homicidios de un año al otro y las denuncias de extorsión. En una pequeña encuesta realizada durante un foro de aproximadamente cien personas, la mitad comentó sentirse insegura.
Luego de dar un recorrido y conversar con distintas personas, se concluye que la mayoría de los municipios y departamentos en Guatemala están abrumados por el centralismo del país. Todo “depende” del centro. Las carreteras están en muy mal estado, hay desafíos con la energía eléctrica, la educación está estancada y la salud no progresa. Muchos de los alcaldes no han velado por los municipios y las autoridades del Ejecutivo y el Legislativo no están al servicio de sus necesidades, sino que responden a demandas de los sindicatos y componendas políticas en la capital.
La tragedia en nuestro país es que pese a que la Constitución Política de la República de Guatemala manda que la administración deberá ser descentralizada en regiones de desarrollo con criterios económicos, sociales y culturales para dar un impulso racionalizado al país, Guatemala sigue totalmente centralizada.
En sl Artículo 119, la Constitución manda como una de las obligaciones del Estado en su inciso b) “promover en forma sistemática la descentralización económica administrativa, para lograr un adecuado desarrollo regional del país”. Hace 16 años el Congreso de la República aprobó el Decreto Número 14-2002 como marco normativo del proceso de descentralización del Organismo Ejecutivo, luego se redactó su reglamento (Acuerdo Gubernativo Numero 312-2002) y años más tarde, en mayo de 2005, la Secretaría de Planificación Económica publicó la Política Nacional de Descentralización del Organismo Ejecutivo. Sin embargo, no ha pasado nada.
El reglamento presenta un marco normativo del proceso de descentralización del Organismo Ejecutivo. En los artículos 8 y 9 se señala que el procedimiento para la descentralización de las competencias podría iniciar por el poder Ejecutivo, o bien, como resultado de la solicitud, de los municipios o mancomunidades de municipios, conforme a la política nacional de descentralización. “Los destinatarios de la transferencia de competencias pueden solicitar el ejercicio de determinada competencia del organismo Ejecutivo. La solicitud deberán dirigirla al presidente de la República por conducto de la autoridad responsable”, reza el artículo 9.
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Por lo tanto, sería muy interesante que los miembros del municipio de Quetzaltenango realicen un plan con su alcalde y hagan la solicitud al gobierno central. Esta acción sería fabulosa, ya que iniciaría una discusión profunda y seria respecto a la gestión pública, las macroleyes que la rigen al Estado como el servicio civil, las contrataciones, la Contraloría y el presupuesto, así como la asignación de fondos para presentar los servicios de educación, salud y seguridad.
Claro está que se tendrá que evaluar el desempeño de los Consejos de Desarrollo, las capacidades de cada municipalidad para prestar los servicios y contar con sistemas de información y control para dar seguimiento, pero sería realmente un gran paso para Guatemala. Es de recordar que la descentralización es un medio para el desarrollo de la ciudadanía en la búsqueda de la eficiencia de la gestión pública para el logro del objetivo o meta de la justicia social, democráticamente entendida, como lo preceptúa la Constitución. ¿Por qué no avanza la descentralización en el país? ¿Contamos con municipios capaces de manejar los servicios públicos de la educación y la salud? ¿Cuál candidato o partido ofrece la descentralización para mejorar la gestión pública?
