El viernes de la semana pasada en otra conferencia de prensa ilegal, queriendo el MP y la CICIG destruir a los acusados antes de vencerlos en juicio, se ha acusado de un delito inexistente al Presidente de la República y a la diputada Nineth Montenegro, por parte del ya demostrado incompetente fiscal Shaad, de la fiscalía de delitos electorales del MP.
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La ley guatemalteca es clarísima en cuanto a la definición del delito de financiamiento electoral ilícito, y específicamente el artículo 407 N del código penal, literalmente establece que "comete delito quien aporta autoriza o recibe recursos destinados al financiamiento de los partidos políticos o comités cívicos electorales, SABIENDO que el dinero proviene DEL CRIMEN ORGANIZADO, LAVADO DE DINERO o de un ILÍCITO PENAL".
En el caso del presidente, este es el sexto antejuicio que se le presenta de forma espuria, esta vez a escasos cinco meses de que el Tribunal Supremo Electoral convoque a elecciones generales en enero del 2019.
La diputada Montenegro, no solo es mi oponente política, sino que varias veces la he criticado en público y en privado porque está totalmente equivocada en su postura socialista frente al Estado y por su asociación a oenegés destructoras del Estado de Derecho, como la fundación Mack y otros grupúsculos oenegeros vividores del dinero de la cooperación internacional y aliados de embajadores nefastos que deben ser expulsados del país como Kompass de Suecia y las embajadas de Cuba y Venezuela.
Sin embargo, no voy a ser yo quien me ponga de lado de una persecución penal espuria y politizada contra Montenegro, solo porque un MP incompetente, quiere aparentar una falsa persecución penal donde no importa la ideología política de sus blancos.
En esta nueva persecución penal espuria, especialmente la incompetente fiscalía de delitos electorales, donde hay varios fiscales que siguen la mafia de Mayra Veliz y que son títeres políticos de las exfiscales Claudia Paz y Paz y la terrible Thelma Aldana.
Esta nueva farsa de persecución penal espuria, por supuesto, una vez más está respaldada por el cuestionado y ya declarado NON GRATO el colombiano indeseable Velásquez, que insiste en quedarse ilegalmente en el país amparado en el gobierno de facto por amparos ilegales de una corrupta Corte de Constitucionalidad que está despedazando la constitución, desnaturalizando por completo la función de la CC y con cada amparo ilegal, que emite destruyendo el poco Estado de Derecho que nos queda en el país.
Ni el presidente ni la diputada han recibido para sus partidos políticos dinero del crimen organizado, ni de lavado de dinero ni de procedencia de un delito. Eso es lo que con su investigación debe probar el MP.
No es cierto que no se puede investigar a un funcionario que tenga antejuicio, eso específicamente lo permite el Código Procesal Penal y si no se pudiera investigar ninguna diligencia de antejuicio jamás podría prosperar porque la comisión pesquisidora del Congreso o el juez pesquisidor deben basarse en la información legalmente recabada que el MP les presente para poder remover o no el antejuicio, y eso, esa incompetente fiscalía de delitos electorales no lo ha hecho, en ya al menos cuatro ocasiones en las que por pura política y porque seguramente el Presidente no renovará a la CICIG.
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Por ello se le quiere dar un golpe de estado, llevarlo a la cárcel ilegalmente y con ello forzar la estadía de una institución ilegal e inconstitucional, liderada por un indeseable político, perseguido en Colombia por presentar testigos falsos contra el expresidente Álvaro Uribe, como lo es el NON GRATO Velásquez.
PAREN YA LA FARSA, SEÑORES. YA NADIE LES CREE NADA. FUERA CICIG, DESTITUYAN A LOS FISCALES DE LA FISCALÍA DE DELITOS ELECTORALES POR INCOMPETENTES Y POR USAR EL MP COMO ARMA POLÍTICA Y NO UNA INSTITUCIÓN DE DERECHO.
