Financiamiento electoral

“Estamos en manos del Congreso. Decididamente la institución más poderosa de los tres organismos del Estado, por lo cual debemos exigir a sus integrantes que asuman su responsabilidad”.

Financiamiento electoral

A casi un año de que el presidente de la República, Jimmy Morales, declaró “non grato” al comisionado Iván Velázquez, luego de haber solicitado juntamente con Thelma Aldana levantar su antejuicio por financiamiento electoral ilícito, el viernes pasado el Ministerio Público (MP) y la CICIG presentaron nuevamente una solicitud de antejuicio en su contra por la misma razón, ahora con distinta fiscal general y a raíz de una denuncia puesta en el MP en febrero de este año.

En un video, que sorprendió a todos una madrugada de domingo 27 de agosto de 2017, el mandatario expresó: “Como presidente de la República, por los intereses del pueblo de Guatemala, el fortalecimiento de un Estado de derecho, y la institucionalidad, declaro ‘non grato’ al señor Iván Velásquez Gómez, en su calidad de comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, y ordeno que abandone inmediatamente la República de Guatemala”; luego de su viaje a Nueva York, donde se reunió con el secretario general de la ONU, António Guterres, y se supone que puso una queja contra el comisionado Velásquez.

El año pasado, un día antes de requerir el antejuicio del presidente Morales, se solicitó levantar la inmunidad a los diputados Orlando Blanco, exsecretario de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), y Roberto Villate, exsecretario del cancelado partido Libertad Democrática Renovada (Líder). En esta oportunidad se incluyó a la diputada Nineth Montenegro, secretaria del partido Encuentro por Guatemala (EG), por una denuncia presentada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) en diciembre de 2016, al incumplir con presentar en tiempo al ente electoral los estados financieros correspondientes al último semestre de la campaña electoral del año 2015.

Se sabe lo que procede tanto para el caso del presidente como de un diputado respecto al tema del antejuicio. El caso del presidente tendrá que ser conocido en una comisión pesquisidora del Congreso, luego se llevará al pleno y se decidirá si se levanta la inmunidad. En el caso de los diputados, es la Corte Suprema de Justicia la que decide.

En los últimos meses se ha visualizado que la mayoría de los diputados en el Congreso de la República han cerrado filas para defenderse y sobrevivir, proponiendo reformas a distintas leyes para liberarse de cargos y no perder sus curules.

Complicado que un país pueda avanzar si la mayoría del tiempo “sus políticos” están siempre a la defensiva. De cara a un proceso electoral, con nuevas reglas de financiamiento, es muy importante que los procedimientos sean claros y los límites estén firmes antes de que los candidatos ganen los puestos públicos, ya que es devastador para la certeza y la estabilidad de un país vivir en una constante defenestración (destitución de una persona, generalmente inesperada o violenta, del puesto o cargo que ocupa) o vacío de autoridad. Es importante recordar que la teoría del comisionado es que el origen de la corrupción en el país es el financiamiento electoral ilícito, razón por la que se puede suponer que se seguirán presentando más casos.

¿Qué pasará con el antejuicio del presidente Morales? Dependerá de los acuerdos políticos que alcancen las distintas agrupaciones en el Congreso de la República, así como también lo relacionado con prohibir la reelección de los diputados que abandonaron el partido político por el que fueron electos, que requiere de una modificación a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (artículo 205 Ter); al igual que la reforma del 407 “N” del Código Penal, luego de la exhortativa de la Corte de Constitucionalidad (CC) de revisar su contenido por las deficiencias técnicas encontradas, especialmente por encuadrar dos figuras delictivas distintas con la misma penalidad, tratándose de agravios notablemente diferentes. También se discute paralelamente el Procedimiento Especial de Aceptación de Cargos, que pretende disminuir las penas cuando los sindicados se declaren culpables.

Estamos en manos del Congreso. Decididamente la institución más poderosa de los tres organismos del Estado, por lo cual debemos exigir a sus integrantes que asuman su responsabilidad. De nuevo resalta la importancia que previo a aprobar una ley cada diputado debe leer y analizar a profundidad su contenido, técnica, redacción, contexto, oportunidad y posibilidad financiera para que luego no existan estos terribles enredos e incertidumbre jurídica. ¿Está de acuerdo que le levanten el antejuicio al presidente Morales? ¿Cómo fiscalizar mejor a los partidos políticos? ¿Qué hacer para ir modificando la “cultura política” en el país?