La agenda de la “buena política”

“Es prioritario mejorar la gestión pública. Esto conlleva a revisar la Ley de Contrataciones del Estado, que pasa por reformas de corto plazo”.

La agenda de la “buena política”

A pocos meses de las elecciones muchos guatemaltecos se llenan de ansiedad por tanta oferta política. Varios preguntan quiénes serán los candidatos y por quién votar. Estas elecciones serán diferentes debido a las reformas que se han realizado a la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

La convocatoria se hará un año antes -enero 2019-, ya que los comicios se realizarán en junio, por si se diera más del 50% de voto nulo y se tengan que realizar de nuevo las elecciones. Habrá voto en el extranjero y las reglas de la propaganda política cambiaron. Ahora el Tribunal Supremo Electoral (TSE) recibirá dinero público y por medio de una unidad especializada sobre medios de comunicación generará un plan de distribución igualitaria.

Las organizaciones políticas tienen la prohibición de contratar, transmitir, publicar y reproducir propaganda electoral directamente en los medios de comunicación. El tiempo para promocionarse también se ha limitado. Adicionalmente se pretende fortalecer el régimen sancionatorio, ya que se faculta al TSE para aplicar directamente sanciones en tutela de los principios que informan el derecho electoral.

Debido a la teoría de que el financiamiento electoral ilícito ha sido la médula de la corrupción en Guatemala, habrá más controles en el financiamiento y la fiscalización de las finanzas de los partidos políticos. Pareciera que ahora no hay excusa para que las organizaciones políticas no participen por falta de recursos económicos, razón por la que esperamos una mejor y diversa oferta electoral.

La semana pasada en esta columna se mencionó al grupo Diálogo por Guatemala y el logro de haber plasmado en el documento “Guate nos convoca” tres grandes temas: Los principios de la nueva cultura política, los puntos de no retorno y una agenda mínima.

La nueva agenda mínima contempla siete grandes áreas:

  • 1) Se partió de la importancia de profundizar cambios en la Ley Electoral y de Partidos Políticos, como, por ejemplo, el voto directo para escoger diputados.
  • 2) Se vio con urgencia contar con un marco moderno para el funcionamiento del servicio civil -recursos humanos del sector público-. Habrá que robustecer los sistemas de reclutamiento y selección del personal, así como los incentivos de los funcionarios en servicio: carrera, evaluación del desempeño y bonos. Se requiere un análisis serio de la normativa de los pactos colectivos del sector público y determinar su futuro, así como la conveniencia de lograr una política de salarios. Es urgente evaluar la capacidad institucional de la Oficina Nacional de Servicio Civil -Onsec- así como la situación financiera de Clases Pasivas Civiles del Estado.
  • 3) Es prioritario mejorar la gestión pública. Esto conlleva a revisar la Ley de Contrataciones del Estado, que pasa por reformas de corto plazo (para agilizar la inversión pública), así como realizar una reforma integral que contemple compras de naturaleza distinta como medicinas, infraestructura, servicios y otros.
  • 4) Debe fortalecerse la justicia y la seguridad ciudadana. Habrá que partir de propuestas que se discutieron recientemente y de forma técnica y profesional proponer y realizar los cambios.
  • 5) Se consideró sumamente importante contar con reglas claras con relación con el convenio 169 de la OIT, reglamento pendiente de aprobar por el Congreso de la República.
  • 6) El definir un nuevo modelo de desarrollo sostenible para lograr bienestar, reducir la pobreza y generar empleo es una tarea pendiente. Se sugiere abordar este tema integralmente, tomando en cuenta los campos económico, social y ambiental.
  • 7) Se recomienda revisar los mecanismos de control y supervisión como la Corte de Constitucionalidad, una nueva Ley de la Contraloría General de Cuentas (en coordinación de la de Contrataciones), revisar la Ley Orgánica del Presupuesto y contar con mecanismos para optimizar el gasto público. También deben actualizarse la Ley de Acceso a la Información Pública y la de la Procuraduría de los Derechos Humanos.

Como comentó un miembro del grupo, “la lucha contra la corrupción en Guatemala ha servido para dinamitar el viejo sistema político, pero incapaz de construir uno nuevo”; he aquí una agenda para lograr un nuevo y sano sistema político.

¿Qué espera de los candidatos para el próximo año? ¿Cómo se informará de sus planes y equipo? ¿Qué novedades espera en las elecciones de 2019?