Fue una semana devastadora para el país, después de que la Corte de Constitucionalidad mandara al Congreso a repetir la elección de su junta directiva -debido a que una diputada no cumplía con la ley-, pareciera que el jueves, luego de volver a ganar Álvaro Arzú Escobar y su planilla, ya quedó firme la junta directiva del Organismo Legislativo. El Ministerio Público y la CICIG continuarán con las investigaciones de algunos de sus integrantes, pero al final 90 diputados de 158 los eligieron.
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Es importante reconocer que en esta oportunidad se postuló otra planilla de diputados de distintas agrupaciones de la oposición, lo que complació a muchos ciudadanos de por lo menos haber competido. Esperamos que el Congreso pronto presente su agenda de temas prioritarios, las comisiones de trabajo inicien sus actividades y generen nuevas propuestas. Es urgente que se pongan a trabajar en un rediseño institucional ya que el país está prácticamente parado. Será prioridad revisar la Ley de Contrataciones y de alguna forma lograr armonizar esta normativa con los criterios de auditoría de la Contraloría de Cuentas. Actualmente el gobierno se ha dedicado a pagar salarios y bonos, los servicios públicos van a la deriva y no hay inversión en infraestructura. Hay temor a ejecutar, falta de certeza jurídica y también mucha ineptitud.
Ha sido decepcionante que luego de dos años no se han logrado nuevas normas reguladoras de las relaciones de trabajo y conducta de funcionarios que están al servicio del Organismo Ejecutivo".
Ha sido decepcionante que luego de dos años no se han logrado nuevas normas reguladoras de las relaciones de trabajo y conducta de funcionarios que están al servicio del Organismo Ejecutivo. Se esperaba al menos transparencia en la planilla, fortalecimiento de la Oficina Nacional de Servicio Civil y una propuesta de política salarial para contrarrestar los nefastos pactos colectivos del sector público. Sin embargo, se adelantaron los sindicatos.
El jueves muchas escuelas pararon y varios maestros vinieron a la capital a exigir al gobierno la firma de un nuevo pacto colectivo a cambio de mostrar “su apoyo” al bloque oficial. Triste que el presidente Jimmy Morales, quien se vendía como el “nuevo político” que beneficiaría a los niños, niñas y jóvenes del país, haya caído en las garras del líder sindical, y cedido a la presión.
Es urgente que se pongan a trabajar en un rediseño institucional ya que el país está prácticamente parado. Será prioridad revisar la Ley de Contrataciones y de alguna forma lograr armonizar esta normativa con los criterios de auditoría de la Contraloría de Cuentas".
Es paradójico lo que sucedió el viernes, luego de que el viceministro de Educación presentara la evaluación de la prueba diagnóstica de 150 mil graduandos del año 2017, que da como resultado que de cada 100 alumnos tan solo 9 pasan el examen de matemáticas y 33 el de lectura, el ministro de Educación anunciara el acuerdo alcanzado con los sindicalistas: un nuevo pacto colectivo. Este consiste en incrementar el salario de los docentes en 15% -5% anual por tres años- además un bono de fin de año de Q2,500 para cada maestro y Q500 adicionales a los profesores que cuenten con el título del Programa Académico de Desarrollo Profesional Docente (Padep) que sostiene el Ministerio de Educación con la Universidad de San Carlos. Incrementos que posiblemente algunos docentes merecen, pero que muchos reciben sin hacer un mayor esfuerzo por mejorar la calidad educativa. Medidas que, lejos de promover el mérito, premian la mediocridad.
Serán más de Q1,500 millones que se podrían invertir en la cobertura de los tres primeros años de secundaria de aproximadamente 120 mil jóvenes que hoy están fuera de la escuela. Recursos que el gobierno no tiene, ni debiera de comprometer a futuro. Un llamado al ministro de Finanzas para que no apoye estas medidas y a las autoridades educativas que velen por un mayor y mejor aprendizaje de los alumnos. ¡No más bonos ni pactos, queremos que exista la carrera pública y que el Ejecutivo funcione! ¿Qué opina de los pactos colectivos? ¿Está de acuerdo con las presiones que ejercen los sindicatos públicos? ¿Cómo lograr reformas en el servicio civil que premien el mérito y no la extorsión de los grupos de presión?
