Con las promesas de no ser corrupto ni ladrón, terminar con la vieja política, algunos lineamientos para atacar la desnutrición crónica, mejorar la educación, promover las micro y medianas empresas y lograr seguridad integral, los guatemaltecos optaron por Jimmy Morales y Jafeth Cabrera para dirigir el país.
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El despertar ciudadano del año 2015 fue un parteaguas para el país. Luego de que la CICIG y el Ministerio Público iniciaron procesos legales contra los gobernantes corruptos, se plantearon reformas al servicio civil y las compras y contrataciones del Estado. También se señaló la importancia de cambiar la Ley Electoral y de Partidos Políticos, hacer reformas al Congreso y al Organismo Judicial, así como mejorar la gestión de los servicios públicos.
Hemos aprendido que Guatemala requiere no solo de persecución penal contra los corruptos, sino llevar a cabo todo un proceso de transición para pasar de un sistema que operaba basado en la transa a la cultura de la legalidad. Esto significa fortalecer el estado de derecho, lograr una economía sana, tener servicios públicos de calidad y contar con un gobierno transparente y audaz.
Sin embargo, a la mitad del camino, el presidente Morales, su equipo y el aparato estatal en su conjunto no han tenido la capacidad para iniciar el cambio. El problema más grande del país sigue siendo la desnutrición crónica y poco se sabe de lo que se está haciendo al respecto. En dos años han tenido tres ministros de Salud. En educación hemos retrocedido por la decisión de cambiar la formación del docente y los sindicalistas continúan esquilmando los recursos. No hay claridad en la política económica del país. Se cambió a casi todo el equipo de la cartera de economía sin dar razón alguna. Las decisiones de las cortes frente a algunos proyectos productivos han generado freno a la inversión. El crecimiento económico va a la baja y no se generan más ni mejores empleos.
En materia de seguridad integral se sabrá si hay mejora en el momento en que se tengan los datos de la encuesta de victimización y se muestre cómo han evolucionado los distintos delitos respecto a años anteriores. Se ve positivo que el número de homicidios esté bajando y la puesta en marcha de un nuevo modelo del sistema penitenciario. La conflictividad sigue presente -cada vez más instrumentalizada- y las protestas y bloqueos aumentan, lo que genera preocupación.
Para los próximos años se requiere de reformas drásticas. Deben darse en el Servicio Civil, donde se premie el mérito y se sustituyan los pactos colectivos nefastos y la entrega complaciente de bonos sin resultados. En contrataciones se necesita crear un sistema de compras no solo transparente, sino eficiente para que tengamos gestión pública de calidad. Esto de la mano de una revisión de la operación de la Contraloría de Cuentas para lograr supervisión y fiscalización, pero no la paralización del Estado. Respecto al presupuesto, debemos pasar a una normativa que permita más flexibilidad sin perder el control, pero basada en evaluación de proyectos y buscando mejorar metas de mediano y largo plazo en salud, educación, infraestructura y seguridad. Las reformas al sector justicia están pendientes, al igual que la de los partidos políticos, en lo que habrá que trabajar. El Congreso tiene una nueva normativa que no aplica, y habrá que darle seguimiento.
Un nuevo modelo de desarrollo es fundamental para generar oportunidades para todos. Es momento de pensar juntos, buscar una visión compartida, diseñar una ruta y tomar acción. Los próximos dos años son fundamentales para lograr un mejor país. Exigimos a los gobernantes no solo honestidad, sino liderazgo y pasos firmes para avanzar. ¿Qué opina de los primeros dos años de gobierno? ¿Qué cambios haría en el gabinete? ¿Cómo lograr que el Congreso funcione?
