El miércoles el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) dieron un certero e interesante golpe a la corrupción en varias municipalidades en el occidente del país.
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Los entes de investigación desarticularon una red política económica ilícita dedicada a cometer hechos de corrupción en las municipalidades de Huehuetenango y de Totonicapán, que involucra a dueños de constructoras, exalcaldes y exfuncionarios de las alcaldías de esos departamentos.
La presentación de este caso es un buen ejemplo de lo que ha sucedido en varios municipios del país".
Según lo presentado por los entes investigadores varias municipalidades de Huehuetenango y de Totonicapán ejecutaron distintos proyectos de obra a través de convenios celebrados con la Asociación Pro-Huehue y con la Constructora Kelly.
La investigación estableció que al ser adjudicados los proyectos y posteriormente depositado el financiamiento de la obra se procedía a girar cheques a favor de empleados, funcionarios municipales o familiares. Entre las personas beneficiadas con las transacciones figuran exalcaldes, extesoreros, exsecretarios, exsíndicos, exconcejales de distintas municipales de ambos departamentos.
La presentación de este caso es un buen ejemplo de lo que ha sucedido en varios municipios del país. Se revelaron prácticas recurrentes que los jefes ediles y sus estructuras han utilizado para saquear el erario público en las comunas. Y vuelve a poner el acento en la necesidad de generar mecanismos de control y fiscalización a nivel local.
La corrupción está presente en muchas administraciones ediles y sin lugar a dudas deberán impulsarse no solo acciones penales y judiciales, sino también sociales de auditoría y fiscalización".
El caso hace ver que la corrupción no solo está presente en el Ejecutivo y en el Legislativo, sino en los espacios municipales, con actores muy cercanos a la población, articulados con estructuras políticas clientelares y económicas muy afincadas en los territorios locales.
Lo sucedido mueve un poco el foco de atención de la opinión pública de las investigaciones de trascendencia nacional, o de alto impacto, a procesos focalizados a municipios que en condiciones normales no entrarían a ser parte de los temas discutidos en la opinión pública, pero que es importante que analicemos. La corrupción está presente en muchas administraciones ediles y sin lugar a dudas deberán impulsarse no solo acciones penales y judiciales, sino también sociales de auditoría y fiscalización.
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Ya que además de los retos que tiene este tipo de investigaciones para los entes de investigación, el MP y la CICIG, y el sistema judicial en su conjunto, como otros procesos que ojalá se desarrollen en otras comunas del país, creo que el principal desafío al final del día está en la ciudadanía, que debe denunciar y evidenciar estos hechos de corrupción.
Es un buen momento para recordar lo importante que es incorporar un cromosoma en nuestro “ADN colectivo” que fortalezca la cultura de la denuncia y la legalidad, para que muchas de estas prácticas dejen de ser consentidas y aceptadas como normales. Impulsar una campaña cero tolerancia a la corrupción que contribuya a erradicar estos vicios institucionales.
Por eso le propongo que esta campaña inicie en el municipio en donde usted vive, fiscalizando servicios públicos municipales, ya sea en acciones individuales o de manera grupal en organizaciones de barrio o comunitarias. ¿Acepta el reto? ¿Qué opina? ¿Se atreve?
