Los distintos acontecimientos políticos nos hacen retrasarnos cada vez más en el desarrollo del país. Luego de dos años, que pensábamos Guatemala tendría una oportunidad de cambio, en cuestión de días regresamos al pasado.
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El proceso de levantarle el antejuicio al Presidente Jimmy Morales, el informe de la Comisión Pesquisidora del Congreso y los 104 votos de los diputados a su favor, fueron el estreno de la semana. Luego el martes el Presidente sorprendió aún más, cuando se reveló que recibía desde diciembre del 2016 un bono mensual de Q.50,000 de parte del Ministerio de la Defensa, recursos que la Contraloría de Cuentas le hizo devolver de forma inmediata.
El miércoles 13 fue un día negro para el país, los diputados reformaron el Código Penal, beneficiando a sus secretarios generales en temas de financiamiento político ilícito y aumentaron el número de años de conmutación de penas de 5 a 10 –que permitía más de 400 delitos pudieran ser penados mediante pago). Esto detonó la indignación de la población. Rápido se pronunciaron la mayoría de los sectores y se organizaron distintos grupos para protestar. En reacción a ello, el Presidente del Congreso, Oscar Chinchilla, convocó a todos los jefes de bloque el 14 y acordaron celebrar una sesión al día siguiente para enmendar la reforma. Ese día, en la plaza, durante los actos cívicos protocolarios, oportunistas destruyeron la tarima donde estaban las autoridades y cuerpo diplomático celebraban la fiesta patria, lo que hizo el Gobierno cancelara todos los actos planificados para el 15 de septiembre, inclusive el desfile.
El viernes 15, los ciudadanos se hicieron presentes en la plaza y se dirigieron al Congreso antes de las 14 horas, donde celebrarían la plenaria. De 130 diputados presentes, todos se vieron presionados a derogar los decretos 14 y 15-2017, lo que se reconoce como una victoria ciudadana. Sin embargo, varios de los grupos de manifestantes tenían otros objetivos, tal como lograr la renuncia de los diputados, pedir de nuevo conocer el antejuicio del Presidente, entre otros; razón por la que tuvieron retenidos por varias horas a más de 80 diputados en el Congreso, hasta que después de las 23 horas fueron evacuados por las fuerzas especiales de la Policía Nacional Civil.
Pasamos de una crisis presidencial, a una de Estado. Los gobernantes han perdido legitimidad ante los ciudadanos quienes estamos hartos de tanto abuso y no tener rumbo. Esta semana vendrán más manifestaciones, paros y denuncias, sin embargo, el cambio no vendrá hasta que tengamos un plan de rescate nacional, donde varios miembros de la sociedad se sienten a dialogar y a discutir lo que es lo mejor para el país, fijar una ruta, y hacerlo cumplir.
No queremos un Presidente que se comunica por videos, ni diputados que se sirven de los ciudadanos para su beneficio personal, ni Cortes plegadas a ciertos grupos de la población. Tampoco queremos violencia ni tensión entre ciudadanos. Menos aún un #PactoDeCorruptos. Exigimos desarrollo, bienestar y oportunidades para cada guatemalteco -en armonía, libertad y con seguridad ciudadana. Para ello necesitamos un cambio profundo de carácter, comportamiento y conducta, iniciando con la convicción individual, transformación en el plano familiar, pasando a lo comunitario, e institucional, o nos quedaremos sin país. ¿Cómo se siente después de esta semana tan compleja? ¿Qué esperaría de un plan de rescate? ¿Quiénes debieran de diseñarlo?
