¿Se va o se queda?

La semana estuvo políticamente agitada por un rumor que circuló desde el martes sobre la posibilidad de que el presidente Jimmy Morales solicitará al secretario general de las Nacional Unidas –ONU– la remoción del titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala –CICIG–, Iván Velásquez.

La noticia trascendió y generó reacciones de actores que vieron con preocupación que el presidente fuera a pedir la remoción del titular de la CICIG. La agenda mediática de discusión pública estuvo concentrada por las noticias que surgían alrededor de este suceso.

Sin duda, independientemente de la decisión que tome el presidente, las repercusiones políticas no se harán esperar. En el caso de que Morales no pida la remoción y la reunión con el secretario general de la ONU gire en torno a otros aspectos, que vagamente fueron relatados por el vocero presidencial, el desgaste político lo capitalizará al mandatario.

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Aunque este escenario es positivo para los que apoyan y respaldan la labor del comisionado de la CICIG, el presidente sale debilitado porque pierde credibilidad frente a los actores políticos nacionales e internacionales que apoyan la lucha contra la impunidad en el país. Y también puede, eventualmente, decepcionar a los actores que lo están presionando y aconsejando para que tome esa decisión. Es decir, el presidente sale afectado interna y externamente, sufriendo un desgaste político.

El escenario más complicado se configuraría si el presidente pide la remoción del comisionado. En estas circunstancias las condiciones para una fuerte crisis de gobernabilidad se incrementarían. En principio, se anticiparía la renuncia de ministros que han destacado en el gobierno, agudizando las dificultades que tiene para atender las demandas de los servicios públicos. Difícil será encontrar a personas que deseen incorporarse al equipo de gobierno en medio de la crisis política.

Por otro lado, se darían reacciones de actores nacionales e internacionales criticando fuertemente la decisión. Esto sería el polvorín perfecto para que las manifestaciones se reactiven, alrededor, nuevamente, de la lucha contra la corrupción e impunidad. La escalada de la crisis y la insatisfacción pueden llegar a consolidar la narrativa que exija la renuncia del presidente y,  de esa manera, se activarían los mecanismos constitucionales para ello. Habrá que ver, si en estas circunstancias será suficiente con que el vicepresidente sustituya a Morales y el Congreso nombre a un nuevo vicepresidente, o eventualmente, el desgaste y la insatisfacción también alcance a Jafeth Cabrera, y que las demandas de renuncia también sean para él.

Otra de las condiciones que se configuraría en este escenario es, al igual que sucedió en el 2015, el nivel de insatisfacción que contribuya a acuerpar y dotar de fuerza política un conjunto de reformas al sistema político, como puede ser los cambios en la Ley Electoral y de Partidos Políticos –LEPP– con el objetivo de promover mayor competencia electoral y una renovación en los cuadros partidarios.

Estos débiles pincelazos en el cuadro político nacional empiezan a pintar escenarios complicados y difíciles para el país. El simple rumor levantó y agitó la arena política y nos coloca en un momento de inflexión para la lucha contra la corrupción e impunidad.

El presidente Morales tiene en sus manos la decisión y espero que la cordura y la razón estén presentes en la reunión con el secretario general de la ONU. Vienen tiempos difíciles y se necesitará de liderazgos con visión de Estado que busquen soluciones integrales para enfrentar los desafíos que se avecinan. ¿Qué opina usted?