La conclusión a la que se llega en muchos espacios de discusión política, cuando se analiza la situación actual del país, termina siendo la misma. En el país no hay rumbo ni dirección. Estamos como un barco a la deriva y, lo peor de todo, en medio de una fuerte tempestad, generada por las crecientes demandas y los niveles de insatisfacción.
PUBLICIDAD
Esta sensación se ha visto materializada en la crisis de las carreteras. Usted no me dejará mentir, pero me atrevería a asegurar que ha sufrido, en muchas ocasiones, los efectos de la calamitosa situación en la que se encuentran las carreteras. Y el gobierno, en medio de grandes dificultades, no ha podido dar una solución a este problema. Esta dinámica se repite en muchas otras instituciones que, a estas alturas del año, reportan una baja ejecución.
Lamentablemente se ha querido plantear que el problema principal está en las normas que regulan las contrataciones. Argumentando que las disposiciones contienen procesos y trámites que complican y afectan la ejecución del gasto. En medio de las justificaciones expresadas por el gobierno, se deja entrever que intentan contraponer los principios de eficiencia y transparencia. Estos principios, desde mi perspectiva, no son contradictorios, sino todo lo contrario, se complementan.
El gobierno parece estar contraponiendo estos principios y, en aras de una mayor eficiencia y capacidad para atender las demandas ciudadanas, está pidiendo sacrificar procesos y mecanismos que pudiesen afectar la transparencia.
Por otro lado, la ciudadanía está esperando que el gobierno pueda solucionar la crisis en las carreteras, de una manera eficaz y eficiente, en un marco de transparencia y lucha contra la corrupción, especialmente luego de las malas experiencias de los últimos gobiernos.
En ese contexto, el gobierno termina enviando un mal mensaje cuando pide un mayor marco de discrecionalidad para contratar a las empresas que van a “bachear o construir” las carreteras, principalmente, porque lo hace a pocos días de que se reveló el caso “construcción y corrupción”, una investigación presentada por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) que establece una compleja red de funcionarios, empresarios y políticos que, a través de los negocios en el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, saquearon el erario público.
Esta falta de tacto político debilitó políticamente la propuesta de impulsar el “estado de calamidad” para recuperar la red vial en el país. Y vuelve a evidenciar que el ejecutivo tiene dificultades en la gestión política de sus acciones, en parte por la mala estrategia de comunicación política, y por otro lado, por carecer de articuladores políticos que tejan las relaciones y los acuerdos necesarios con los actores políticos relevantes para que la cosas caminen.
PUBLICIDAD
Es necesario que el Ejecutivo establezca una buena estrategia política para que la propuesta para atender la crisis vial, que presentará la próxima semana, sea acuerpada por otros actores políticos, principalmente en el Congreso. Si bien existe la necesidad de promover reformas a la Ley de Contrataciones, que estas medidas no busquen sacrificar aspectos de transparencia. Ese aspecto no debería ser negociable. La transparencia no pelea con la eficiencia y eficacia.
Sería desastroso para el gobierno y el país, que el Ejecutivo no logre hacer avanzar una solución técnica y políticamente viable. Esto también demanda de una oposición constructiva. Yo confío en que la razón y el bien común primarán en las discusiones. ¿Qué opina usted?
