Fue lo primero que pensé el viernes pasado cuando supe del caso “construcción y corrupción” que presentaron el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Los entes investigadores expusieron una trama que devela la relación perversa, que a voces secretas se conocía, entre funcionarios públicos, políticos y empresarios para saquear el Estado, lavar el dinero obtenido de estos negocios ilegales y financiar ilícitamente campañas electorales. Nada menos. Chulada de patojos, dirían por ahí.
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La investigación tomó, aunque algunos ya lo estaban esperando, por sorpresa a muchos. Los nombres, los cargos que habían desempeñado, las instituciones que estaban involucradas, la forma de actuar, los bienes suntuosos que compraban para lavar el dinero, entre otras cosas, dejaron perplejos y con la boca abierta a propios y extraños. El descaro, la desfachatez y el cinismo provocaron diversas reacciones de rechazo y repudio.
Este caso viene a agitar las movidas aguas de la arena política en el país. Luego de las investigaciones presentadas en 2015, que provocaron una crisis en medio del proceso electoral, no se había presentado algo de ese talante. Más allá de las repercusiones penales y judiciales que se derivarán de este caso, es importante que como país aprovechemos este contexto para promover cambios, y que estos sean significativos y sostenibles.
Estamos cansados de esa política de negocios “shucos” en donde los políticos llegan a las instituciones públicas para beneficiarse personalmente. Duele en el corazón esta actitud en un país en donde la pobreza, la desnutrición crónica y los servicios públicos, que deberían ser universales, no dan cobertura ni atienden las necesidades primarias de la población en el país.
Sin duda, ese malestar no nació el viernes, sino ha estado presente desde hace mucho tiempo y la pregunta obligada es cuánto más vamos a seguir tolerando este tipo de funcionarios y políticos. En algún momento como sociedad tenemos que poner un alto. Un basta ya. Regularmente culpamos a los políticos y no vemos que en gran medida los ciudadanos hemos tolerado y premiado, en lugar de castigar la corrupción y este tipo de malas prácticas.
Tengo tan presente comentarios que he escuchado en espacios formales, informales, familiares, con amigos en donde tratan de justificar a los corruptos y lo peor de todo a la misma corrupción. Las personas, sin empacho, dicen: ¡Que robe pero que trabaje! ¡Solo son cuatros años, que aproveche! ¡Baboso si no lo hace! Todos los han hecho, ¿por qué no va a robar? La triste normalización de la corrupción.
Estas circunstancias en muchos casos alimentan la desesperanza y promueve el conformismo. No hay nada que se pueda hacer. Expresan tanto los que están “bien” cómo aquellos que no quieren que las cosas cambien. Y muchos indignados que buscan el cambio, lamentablemente, al verse solos y sin apoyos, prefieren quedarse con los brazos cruzados y resignarse.
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Al contrario de esta postura derrotista, sin esperanza, creo que podemos aprovechar la indignación y el rechazo que está capitalizando la clase política para promover cambios importantes en el país. Las crisis son oportunidades y esta es una muy valiosa para modificar la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) y promover la cultura democrática. Porque el problema no solo se soluciona con cambios en las leyes, también es necesario un cambio en nuestra cultura, y dejar de seguir consintiendo la corrupción y todas esas prácticas que debilitan a las instituciones públicas. ¿Qué opina usted? ¿Seguimos consintiendo a los corruptos?
Estas circunstancias en muchos casos alimentan la desesperanza y promueven el conformismo. No hay nada que se pueda hacer".
