La dinámica legislativa en el Congreso ha estado en medio de una lenta aprobación de las reformas constitucionales y una sorpresiva aprobación para asegurar beneficios salariales a los diputados. Esto último provocó un rechazo profundo de varios actores sociales y de la ciudadanía en general. Este escenario, junto a otros elementos que marcan los tiempos en el Congreso, le ha restado importancia al proceso de elección del próximo Procurador de los Derechos Humanos.
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A diferencia de elecciones anteriores, este proceso se ha caracterizado por tener un perfil bastante bajo y por no estar dentro de los temas prioritarios en la agenda de discusión pública. Incluso, no se han implementado, como ha sucedido en otras elecciones, procesos intensos de seguimiento al trabajo de la Comisión de Derechos Humanos.
Estas circunstancias no son las más favorables para un proceso que tiene implicaciones institucionales importantes, no solo para la PDH, sino para el país en su conjunto. Lamentablemente, como sociedad no le hemos dado el valor que tiene la figura del “Ombudsman” en nuestro sistema político. Perspectiva que no está alejada de lo desinformados que estamos sobre las funciones, atribuciones e importancia que tiene para la promoción de los derechos humanos en Guatemala.
El trabajo de la comisión del Congreso se ha caracterizado por desarrollar un proceso de elección desordenado, sin rumbo y con muchas inconsistencias. Algunos mencionan que este tipo de manejo es intencionado y puede en algún momento ser contraproducente para la elección misma. No se han cumplido con los tiempos, con el cronograma de trabajo, con las acciones de publicidad y transparencia.
No existe un liderazgo en la comisión que marque los tiempos y mueva la dinámica interna para que la elección lleve un buen ritmo. Al contrario, todo pareciera estar confabulado para que esta dinámica sea propicia para una elección arreglada. Y que el proceso en su conjunto sea un mero formalismo para, al final del día, elegir al candidato de la predilección de las fuerzas políticas mayoritarias en el Congreso.
Es triste pero cada vez están siendo más fuertes los rumores, que corren por los pasillos, de candidatos que, al viejo y perverso estilo que se ha utilizado en otras elecciones, están ofreciendo a los diputados puestos de trabajo para sus allegados. No podemos permitir que una vez más la PDH vuelva a ser un botín político. El actual procurador limpió la institución y ahora se pretende volver a ensuciarla.
No hubo un proceso integral para definir, por ejemplo, la tabla de gradación con la que se evalúan los perfiles de los candidatos. Imagine usted que se está utilizando la tabla que se usó en el proceso de elección anterior. Esto es inconcebible. No hubo un proceso para definir cuáles son las necesidades, los retos y desafíos que tiene la PDH en la actualidad, y en qué medida esos aspectos se utilizaron para establecer los criterios de la tabla de gradación.
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Es decir, la comisión no tiene claro qué tipo de procurador necesitamos. Esto se ve reflejado perfectamente en la ponderación de los criterios contenidos en la tabla y la forma de calificación. Quedan muchas dudas en el ambiente.
Los dados están echados. Ahora es muy difícil retomar el camino y encauzar el trabajo de la comisión y de la elección sin embargo, considero que los diputados aún tienen una valiosa oportunidad para elegir a una terna con profesionales capaces, comprometidos con los derechos humanos y el fortalecimiento institucional de la PDH. Luego viene la elección en el pleno. Ahí son otros 20 pesos más. ¿Qué opina usted?
