“Para lograr éxito requerimos modificaciones en tres dimensiones: Legal, operativa y ética. Muchos piensan que basta con cambiar la normativa para que se dé un cambio, pero, si no creamos los sistemas operativos y el comportamiento de los dirigentes, no pasará mayor cosa”.
Hace dos años los guatemaltecos nos reuníamos en las plazas centrales de los distintos municipios a reclamar justicia, llenos de indignación y hartos de la corrupción. Apoyábamos a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y al Ministerio Público (MP) para que destaparan más casos. Esperábamos con morbosidad y ansiedad cada jueves para ver si había un nuevo suceso –como una inyección de adrenalina–.
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Estábamos conscientes de que no bastaba con botar funcionarios, renovar al gobierno y señalar corruptos, sino que nuestro sistema de gobernabilidad democrática exigía cambios profundos. Rápido el Congreso de la República integró cuatro mesas de trabajo para revisar leyes: La de Servicio Civil, la de Contrataciones, la Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) y la del Organismo Legislativo (LOOL). La primera no avanzó. Las otras se aprobaron en forma exprés, razón por la cual siguen sufriendo reformas desde su creación. La de Contrataciones se ha modificado 10 veces (en promedio cada dos años); la LEEP, siete y la LOOL, seis.
Por otro lado, el año pasado la CICIG con el MP, los tres presidentes del Estado y el Procurador de los Derechos Humanos presentaron, luego de un proceso metodológico cuestionado, una reforma constitucional del sector justicia. Esta ha tenido pocos padrinos y muchos desertores. Si bien varios opinan que son necesarias, difícilmente se encuentran expertos y diputados que la defiendan. Se estuvieron discutiendo sus artículos durante varias sesiones en el Congreso, con poco avance. Esta situación ha hecho reunir a varias personas y reflexionar en torno a las modificaciones del sector justicia. Si bien todos deseamos una carrera judicial e independencia de poderes, no hay consenso en cómo lograrlo.
En el ínterin observamos que los procesos en el sector de seguridad y justicia no mejoran sustancialmente. Hay alrededor de 1.5 millones de denuncias pendientes en el MP, más de cien mil juicios sin atender, y la semana pasada el evento de la aprensión del exviceministro con una orden de captura falsa, mostró la vulnerabilidad del sistema, al revelar que hay más de 30 mil órdenes de captura sin operar.
Atado con esto, el exviceministro comentó un caso de introducción de mercadería al país sin pagar impuestos (dicho por él “La Línea 3”). Este tipo de casos son los que la SAT debiera de estar vigilando y no hostigando a miles de empresas que están tratando de ponerse al día y de las reformas realizadas a la SAT el año pasado. La introducción del secreto bancario ha generado miedo y algunas resoluciones ambiguas de la Corte de Constitucionalidad de proyectos de gran envergadura económica generan incertidumbre.
Nos preocupa la situación actual y el ambiente de zozobra que vivimos. Estamos paralizados y, si no hacemos algo distinto, perderemos esta oportunidad “post primavera”. El hecho de que la reforma a la Constitución esté entrampada, sea modificada o aplazada, no significa que la CICIG haya fracasado. Debe seguir con la identificación, investigación y desarticulación de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos y de seguridad. De nosotros dependerá contar con los cambios necesarios para que no vuelvan a surgir.
Para lograr éxito requerimos modificaciones en tres dimensiones: Legal, operativa y ética. Muchos piensan que basta con cambiar la normativa para que se dé un cambio, pero, si no creamos los sistemas operativos y el comportamiento de los dirigentes, no pasará mayor cosa.
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¿Qué hacer por el momento? 1) Discutir los principios de lo que deseamos renovar en la justicia y buscar la mejor forma de lograrlo. 2) Continuar con las discusiones de la LEEP con el fin de cambiar el sistema político. 3) Hacer los ajustes en la LOOL y lograr que los parlamentarios la cumplan. 4) Revisar y diseñar una ley de contrataciones efectiva y eficiente. 5) Discutir cómo actualizar la Ley de Servicio Civil. 6) Identificar cuellos de botella y desatar nudos para mejorar procesos en el Estado. 7) Fortalecer los controles sin estropear la ejecución o exceso de demandas penales. Y como punto toral, iniciar una revolución ética ciudadana, donde se ponen como valores máximos la integridad y la honradez. ¡Si cada uno cambia, cambia Guatemala!
¿Cómo desentrampamos al país? ¿Cómo aprovechamos este momento para hacer reformas profundas? ¿Cómo lograr certeza jurídica?
