“Certeza jurídica”

Recientemente estuve en una reunión donde se comentaba de la incertidumbre y la paralización que se vive en el país. Unos comentaban que hay temor, varios que no hay certeza, otros que estamos atados a las crisis del día a día y otro que existe una crisis de futuro.

Indudablemente, cuando un país está en etapa de transición como Guatemala, es desafiante tener certeza debido a esa misma evolución. Pese a ello, hay reglas importantes que debemos guardar y acordar para no vivir únicamente en el corto plazo, así invertir tiempo a pensar qué país deseamos, hacia dónde vamos y qué normas y sistemas deben innovarse.

En distintos ámbitos se escucha que el Gobierno está paralizado, especialmente el Organismo Ejecutivo. Esto se debe al menos a cuatro distintas causas. La primera tiene relación con una nueva administración, la segunda tiene que ver con reformas ambiguas a la Ley de Contrataciones, una tercera al cambio en el actuar de la Contraloría de Cuentas y la cuarta a los señalamientos de corrupción, las crisis institucionales y los procesos jurídicos sin sentido.

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Es claro que los guatemaltecos prefirieron un presidente sin experiencia a los viejos políticos.

Solo formar su equipo le ha sido difícil. En estos 16 meses se han despedido a tres ministros, sin explicación; al extremo de que al último, el de Economía, es un enigma, propicio para generar aviesos rumores.

Algunos funcionarios de carrera comentan que muchos tienen temor y que no quieren actuar porque las reglas no están claras. Es de recordar que en 2015, a la puerta de un proceso electoral, varios diputados y un centro de investigación –álter ego de un partido político– presentaron un paquete de disposiciones “anticorrupción” por medio de reformas a la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas, en su momento, fueron cuestionadas por antitécnicas e irracionales, pero fueron impuestas. A finales del año pasado, se hizo una modificación (enmienda) a esta ley no para mejorar su aplicación, sino para reducir los nefastos efectos de la reforma de 2015. Esfuerzo que no solo fue tardío e insuficiente, pues requería más cambios.

Ante una nueva normativa y la presión mediática, también la Contraloría de Cuentas ha cambiado su forma de actuar. Ahora presenta numerosas auditorías donde lamentablemente aún no privan criterios uniformes entre sus auditores.

Muchos de ellos solo levantan hallazgos, independiente de su sustento, pues quieren marcar diferencia frente a las autoridades fiscalizadoras de períodos anteriores.

Esto, en principio, ha sido positivo, pero en la práctica deriva en un volumen desmedido de hallazgos, varios netamente administrativos, pero que se han trasladado al plano penal.

Esto conlleva necesariamente que los funcionarios dediquen mucho tiempo productivo en concurrir a audiencias en la Contraloría, mantenerse en incertidumbre ante normas inconsistentes, lo que repercute en preferir no ejecutar a involucrarse en problemas.

Por último, luego de tantos señalamientos en casos de corrupción que al final no se resuelven, se ha creado un clima de incertidumbre, ansiedad y frustración. Se han vendido las reformas constitucionales al sector justicia como la solución a nuestros problemas. Sin embargo, está entrampada, principalmente porque desde el inicio hubo problemas en la metodología de su discusión, su diseño y, además, se presentó sin llegar a consensos. Esto ha provocado rechazo de artículos completos, a reformas profundas en otros y ha sido motivo de polarización.

Adicionalmente, no se resuelve la provisión oportuna de servicios vitales para los guatemaltecos como son el DPI, cartillas para pasaportes, placas de circulación ni correo público.

Reflexión

Seguimos abonando a la incertidumbre crisis constantes como la del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, los incendios forestales, los problemas del sistema penitenciario, los casos de los pandilleros y otros, que muestran la debilidad del Estado y la falta de gobierno.

También hay incertidumbre en el campo de la inversión y el desarrollo. Uno de los casos más paradigmáticos es la hidroeléctrica de Oxec, donde un fallo judicial provisional detiene una de las obras de infraestructura más grandes del país, a pesar de contar con todos los requisitos de ley.

Debemos seguir avanzando y buscar acuerdos mínimos para que esta transición a un país moderno se haga en forma ordenada y con certeza jurídica. ¿Qué hacer con la Ley de Contrataciones? ¿Cómo agilizar compras con transparencia? ¿Sería usted funcionario?