Hace dos ańos muchos guatemaltecos indignados salimos a la plaza a clamar por justicia. El caso de la Línea evidenciaba que un grupo de rufianes dirigían al país. Luego vinieron otros casos e investigaciones que mostraban que varios políticos estaban relacionados con la corrupción. Renunciaron ambos –presidente y vicepresidenta– y en septiembre de 2015 tomó posesión como presidente el licenciado Alejandro Maldonado Aguirre y el vicepresidente Alfonso Fuentes Soria. Los cuatro meses que vinieron sirvieron para que se celebraran las elecciones. Todos estos procesos conforme a la Constitución.
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Poco a poco la sociedad fue despertando y muchos empezaron a interesarse en los distintos acontecimientos políticos, además de aprender cómo funcionaba el Gobierno y el papel de las distintas instituciones. Entre de los estudios, análisis y las discusiones, se decidió que no bastaba que el país cambiara de autoridades sino requería modificar sistemas y normas para su buen desempeńo. Asimismo, el Congreso integró unas mesas -antes de que iniciara una demanda determinante de depuración- para trabajar en cambios de cuatro normas: Ley de Servicio Civil, Ley de Contrataciones del Estado, Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEEP) y la Ley Orgánica del Organismo Legislativo (LOOL).
La Ley de Servicio Civil no se trabajó, ya que los dirigentes de la mesa no tuvieron el liderazgo. Pero, el ańo pasado se aprobó una nueva Ley de Servicio Civil para el Congreso (Decreto 36-26), lo cual es positivo.
La Ley de Contrataciones se ha reformada dos veces en menos de un ańo, diciembre 2015 y octubre 2016. A pesar de que había buena intención para lograr un mejor manejo de los recursos del Estado, los cambios crearon serios problemas en la integración de juntas y contratos de arrendamiento. Otorgan competencias al Instituto Nacional de Estadísticas que no pudo cumplir, buscó anular el registro de proveedores precalificados sin haberlo logrado, eliminó de manera radical casos de compra por excepción, obliga a sujetos privados que manejan fondos públicos a operar como entidades gubernamentales sin tener posibilidad y obligan a estandarizar todas las ofertas de manera electrónica sin que exista capacidad del Estado para utilizarla o dotarla. Se paralizaron los créditos internacionales y muchas compras locales.
La reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos avanzó. Los diputados aprobaron una primera renovación en abril del 2016, la cual generó disgustos debido a que temas como la nominación nominal de los diputados y la democratización dentro de los partidos no se abordaron. Se introdujeron cambios como el voto en el extranjero, se aumentó la multa por la campańa anticipada, se valida el voto nulo y se le delegó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) el manejo de las pautas. Luego el Ejecutivo convocó a una mesa de trabajo y con la participación de más de 25 organizaciones del sociedad civil, empero en ausencia del TSE, se propusieron otras reformas en agosto del 2016. Sin embargo, éstas aún no se han discutido.
Y, por último, la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, también se ha modificado dos veces. La primera en febrero y la segunda en septiembre, ambas el ańo pasado. Se buscó regular el transfuguismo, mejorar el trabajo de las comisiones, normar someramente las interpelaciones y se crearon figuras penales por incomparecencia a citaciones al Congreso. Además se realizaron algunas variaciones para conocer estados de excepción, se regularon aspectos de asesores de los diputados y se crearon nuevas direcciones. Lamentablemente a pesar de la nueva normativa, el desempeńo del Legislativo no ha mejorado, pero la presión ciudadana y auditoría social han hecho que exista más transparencia en la institución.
El Legislativo ha buscado apaciguar la presión ciudadana reformando las leyes más aclamadas. Lamentable los cambios no han sido del todo sustantivos, por lo que en gran medida lejos de mejorar la normativa, se ha enredado más. Es urgente contar con un equipo de expertos que revisen estas leyes, realicen las reformas necesarias y se aprueben de forma integral. Legislación ambigua y mediocre solo traerá más problemas que soluciones. żCómo cambiar estas leyes con sustento técnico? żQué recomendaría al Congreso para mejorar su nivel técnico? żQué opina de instancias que evalúen la calidad legislativa?
