No es fácil hacer un balance de lo sucedido desde el 16 de abril de 2015. La esperanza por un nuevo despertar ciudadano se instaló en muchos corazones que buscamos un cambio en el país. Solo recordar la Plaza con las manifestaciones, voluntarias que se organizaron por más de seis meses, alimenta la ilusión para transformar el sistema político.
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En los próximos días se va a cumplir dos años de la manifestación que inauguró las jornadas de protesta en 2015 y en el ambiente rondan preguntas: ¿Valió la pena? ¿Cómo podemos consolidar el cambio y evitar retrocesos, o reacomodos de las fuerzas que se oponen y desean que la impunidad siga reinando en el país? Algunos desacreditan lo ocurrido. Yo considero que ha valido la pena y que puede significar una nueva etapa para el país, si damos los pasos necesarios.
La sostenibilidad del cambio depende al menos de cuatro condiciones. Las primeras dos son reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos –LEPP– y al sistema de justicia, que necesita reforma constitucional. La tercera es que en los juicios se condene a los culpables. Por último, que los ciudadanos den un salto de la manifestación a la organización y participación política.
La reforma a la LEPP debe abrir espacios de participación y romper con los partidos “vehículos electorales” donde prevalecen los negocios y la corrupción, hacia partidos donde importen las necesidades y preocupaciones de los guatemaltecos. Si bien con la reforma aprobada el año pasado se avanza en transparencia y fiscalización a los partidos, entre otras cosas, quedaron fuera la democracia interna, el rediseño de los distritos electorales, y otros aspectos que podrían mejorar la legitimidad y representatividad del sistema político.
Por otro lado, la reforma constitucional es fundamental para fortalecer el sistema de justicia. La resistencia de las fuerzas opositoras al cambio se manifiesta en varios francos y el Congreso no escapa a esa dinámica. Muchos diputados no quieren la reforma porque pierden la posibilidad de designar jueces y promover pactos de impunidad. A estas acciones se suma la campaña intensa para desacreditar el trabajo del MP, la CICIG y deslegitimar la reforma constitucional, que se ha estado discutiendo desde los Acuerdos de Paz de 1996.
Para asegurar el cambio también se necesita que los procesos judiciales determinen responsabilidades y juzguen a los culpables. Los juicios no han estado exentos de tácticas dilatorias. Solo en el caso de la línea, entre otras medidas, se han interpuesto veintisiete acciones de amparo, veintinueve recursos de apelación y dos recusaciones contra el juez, Miguel Ángel Gálvez. No critico el uso de estos recursos, sino el abuso que alarga, entorpece y detiene los juicios.
Las estructuras interesadas en mantener el “status quo” buscarán influir el próximo año en la elección del fiscal general del MP, que no se renueve en el mandato de la CICIG en 2019, que se estanquen los juicios y que no se apruebe la reforma constitucional. Para ello, estas estructuras utilizan sus tentáculos políticos, sociales y económicos. Si estas condiciones se dan, el escenario de la lucha contra la corrupción puede cambiar y dar un triste viraje a la impunidad.
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Por último, es necesario que además de la aprobación de las reforma electoral y constitucional, y del avance de los juicios, se organicen y participen actores políticos que renueven o formen nuevas estructuras partidarias. La crisis del sistema político es un problema político y se debe resolver por la vía de acción política, a través de recuperar el sentido de la política y de su ejercicio apegado a valores y principios políticos e ideológicos.
Las cuatro condiciones descritas permitirán evitar retrocesos o reacomodos de las fuerzas que están luchando para que la impunidad impere en Guatemala. Puede que no sean suficientes, pero son extremadamente necesarias. El camino es empinado y no es fácil superar todos los obstáculos, pero hay que seguir. No desmayemos. Podemos construir un mejor país. ¿Qué opina usted?
