Los desafíos del bienestar social

“Difícilmente una institución con tan pocos recursos podrá dedicarse a una población tan amplia”.

Difícilmente una institución con tan pocos recursos podrá dedicarse a una población tan amplia”.

Ante la tragedia de los últimos días, tanto la del Hogar Seguro Virgen de la Asunción el 8 de marzo, como en el Centro Juvenil de Privación de Libertad Etapa II la semana pasada, ambos ubicados en San José Pinula, donde fallecieron varias personas y reveló la precaria situación tanto de los hogares como de las correccionales, debemos de hacer transformaciones profundas al respecto. Su mejora no se basa solo en sustituir o encarcelar funcionarios, sino debe revisarse el marco institucional de la Secretaría de Bienestar de la Presidencia (SBS) así como su misión y recursos.

La SBS inició sus actividades en febrero de 1945 con la finalidad de amparar y acoger a niños de escasos recursos, velando por su salud, proporcionándoles cuidados personales, recreación y ayuda material en el perímetro de la ciudad y en el interior del país. Posteriormente, en 1951 amplió su campo de acción, inaugurando los centros para niños desprotegidos, cuyos padres no podían atenderlos por razones de hospitalización o prisión. En estos centros los menores eran residentes y recibían todos los servicios.

Por medio del Decreto Ley 20-63 fue creada la Secretaría de Bienestar Social de la Jefatura de Gobierno. Posteriormente en el año 1985 se emitió la Constitución Política de la República que establece que el Presidente de la República tendrá los secretarios que le fueran necesarios y demanda que el Organismo Ejecutivo dentro el primer año de vigencia de la Constitución debía enviar al Congreso un proyecto de la Ley del Organismo Ejecutivo. Luego se publicó el Decreto 114-97 Ley del Organismo Ejecutivo, donde se enumeran las secretarías de la Presidencia, sin mencionar la SBS.

Pese a desconocerse la naturaleza legal de esta secretaría, el Congreso le ha otorgado múltiples atribuciones entre las que se puede mencionar: 1) participaba en la ley de protección para las personas de la tercera edad, 2) forma parte del Consejo Nacional de las Personas con Discapacidad, c) integra la Comisión de la Niñez y Adolescencia, 3) es la autoridad competente en materia de reinserción y resocialización de niños y adolecentes, 4) administra los centros especiales de custodia y cumplimiento, 5) forma parte del Consejo Nacional de Adopciones, 6) es encargada de los hogares de menores de edad, 7) tiene obligaciones contra la violencia sexual, explotación y trata de personas, 8) tiene responsabilidades conforme la Ley de Control de Telecomunicaciones Móviles en los centros de privación de libertad y 9) tiene a su cargo los programas de protección de abrigo en materia de atención y protección de la niñez y adolescencia con condición de migrantes.

Según información de la SBS, actualmente tiene como objetivo formular, coordinar y ejecutar las políticas públicas de protección integral de la niñez y la adolescencia, así como la administración de los programas a favor de la mujer, la familia y la comunidad. Su misión es garantizar el cumplimiento y la restitución de derechos de la niñez y adolescencia a través de la ejecución de programas de prevención, protección, reinserción y resocialización, coordinando interinstitucionalmente; formulando, ejecutando y evaluando políticas públicas en la materia, con la participación ciudadana.

El presupuesto de la SBS es bajo si se compara con otras instituciones. Para el año 2017 se le han asignado Q224 millones, mientras que el Sistema Penitenciario tiene el triple, y la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo de Derechos Humanos (COPREDEH) cuenta con Q208 millones.

Difícilmente una institución con tan pocos recursos podrá dedicarse a una población tan amplia. Además, las distintas responsabilidades implican múltiples disciplinas lo que presenta la falta de integralidad de resolver temas tan complejos, donde el Congreso de manera irresponsable únicamente ha trasladado atribuciones sin dotar de herramientas o capacidades al Ejecutivo. Se recomienda que la Presidencia haga una evaluación completa del desafío que implica todas sus funciones legales y que se diseñe una institucionalidad adecuada con estudios técnicos y financieros, para luego el Congreso asuma con seriedad su función. ¿Cree que es prioridad invertir en la niñez y adolescencia? ¿Qué instituciones deben participar? ¿Cuál debiera ser la misión de una Secretaría de Bienestar Social dentro de una nueva estrategia?