Una alternativa

La politización y utilización de la CICIG como instrumento político de la izquierda para alterar la naturaleza de la República de Guatemala y destruir el régimen republicano constitucional con las pretendidas reformas constitucionales, bajo la excusa política de la lucha contra la corrupción y la reforma al sector justicia, se han hecho evidentes.

Una alternativa

Una cosa es luchar contra la corrupción y meter presos a los corruptos una vez se cumpla con el debido proceso, y se presenten evidencias científicas y legalmente recabadas, y otra muy distinta es utilizar esa lucha como excusa para destruir la República de Guatemala, con un derecho paralelo racista ejercitado por tribunales de fuero especial ilegales e inconstitucionales, y un consejo nacional de justicia que se coloca sobre los tres poderes del Estado, que no tiene un control democrático representativo como si lo tiene el Ejecutivo y el Legislativo, y una supraentidad de consejeros designados al antojo de los jueces y los magistrados de turno, sin el control directo del Congreso y, por ende, del proceso político democrático del sistema republicano guatemalteco.

Para forzar ambas aberraciones, en forma ilegal e inconstitucional el MP, la PDH y la CICIG, violando la Constitución y su mandato en el convenio y la ley guatemalteca, se forzaron al proceso político democrático dentro del Congreso para, en una forma anómala, y violando el artículo constitucional, que expresa y taxativamente establece quiénes tienen iniciativa de reforma constitucional, estas entidades queriendo suplantar, en forma totalmente anómala e ilegal, la soberanía del pueblo de Guatemala y los ciudadanos guatemaltecos, y forzar su reforma constitucional donde no hubo consensos, ni se le comunicó en sus lenguas vernáculas a los pueblos indígenas, ni se les consultó debidamente a los ciudadanos guatemaltecos, antes de llevar semejantes aberraciones al Congreso.

En este marco es muy importante entender que EE. UU. controla la CICIG, y ha sido la agenda política fracasada en el mundo entero de la derrotada administración de Obama, ya fuera de la Casa Blanca, por la voluntad del votante norteamericano, la que ha querido forzar su ideología política extremista en dicha aberrante reforma constitucional.

Esa administración de Obama, que, entre otros ejemplos tiene la apertura a la dictadura comunista castrista en Cuba, y la facilitación y devolución de miles de millones de dólares congelados en EE. UU. al régimen teocrático y patrocinador de terrorismo de Irán, aparte de traicionar a Israel con una resolución contra el Estado judío, uno de los principales aliados de EE. UU. y de Guatemala, por más de 60 años.

Todo ello ha cambiado en Washington con la elección de Trump y la mayoría palmaria de gobernadores, senadores y congresistas republicanos, más un gabinete de halcones de derecha en las secretarías de Estado incluyendo a Rex Tillerson y a los generales Mattis y Kelly al estamento de Seguridad Nacional, el Departamento de Estado, el Departamento de Defensa y el Departamento de Home Land Security.

Es por ello que considero que, como ya tantas veces ha demostrado la CICIG y la gente de Naciones Unidas en Guatemala, que prefieren utilizar a la izquierda corrupta guatemalteca como aliados políticos, entre estos la derrotada UNE y las ONG de DD. HH., es mejor que la CICIG se retire del país al terminar su mandato y el Gobierno de Guatemala firme un convenio de cooperación permanente con el Departamento de Justicia y el Federal Bureau of Investigation (FBI), como ya existe en El Salvador, para el entrenamiento y la capacitación permanente de jueces penales, fiscales del MP e investigadores de la Dirección General de Investigación Criminal (DIGICRI), y con ello quitar de en medio el elemento político corrupto, que lamentablemente la CICIG y la ONU en Guatemala ya por más de una década han escogido atraer.

Todos los analistas políticos del país sabemos que la efectividad de la CICIG no se debe a mérito propio, sino al apoyo norteamericano a las investigaciones, inteligencia e información.

Con ello me parece más honesto, más transparente y más sincero que el principal actor político internacional en la seguridad nacional guatemalteca, que es el gobierno de EE. UU., firme y regularice esa relación, y los guatemaltecos podamos ya en una relación bilateral, de Estado a Estado, seguir la lucha frontal contra la corrupción.

Reflexión

El acuerdo bilateral con EE. UU. podría permitir la operación de agentes especiales del FBI en la jurisdicción guatemalteca como asesores y en una función de capacitación y know how criminalístico e investigativo, manteniéndoles la inmunidad diplomática que tienen ya, por ejemplo, los asesores militares norteamericanos que operan en Guatemala para la lucha contra el narcotráfico. Hay que recordar además que el FBI en EE. UU. ha alienado tanto a republicanos como a demócratas, y ha tenido la transparencia de luchar contra la corrupción de ambos partidos, con lo cual en su país de origen dicha agencia federal ha demostrado su compromiso con el Estado de Derecho.

Esa precisamente es la gravísima falta de la CICIG y el MP aquí en Guatemala, y creo que con una de las mejores agencias de investigación criminal en el mundo la lucha contra la corrupción en Guatemala no solo se vería reforzada, sino además sería más pareja, fuerte y permanente.