La semana pasada la Embajada de Estados Unidos en Guatemala anunció la acusación formal en contra de Íngrid Roxana Baldetti Elías, exvicepresidenta, y Héctor Mauricio López Bonilla, exministro de Gobernación, del Partido Patriota (PP), por traficar cocaína al país del norte.
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Esta noticia aparece en medio de la intensa dinámica política por la aprobación de la reforma constitucional en materia de justicia, el lento avance de los procesos judiciales en los que se vincula a Baldetti, y especialmente, viene a confirmar rumores sobre posibles vínculos entre exfuncionarios del PP y actividades del narcotráfico.
A pesar de que hace falta mucho para que los acusados enfrenten juicio y se determine si son culpables, la acusación abre una interesante veta de análisis sobre la posible relación entre financiamiento partidario, especialmente en la campaña política, y narcotráfico. Una relación perversa que debilita a las instituciones políticas.
No es descabellado pensar que esta relación es posible en el contexto de una institucionalidad de control y fiscalización del financiamiento partidario muy débil y prácticas de financiamiento informales, opacas y nada transparentes. Es decir, aunque no existiesen en este momento pruebas y acusaciones formales sobre esta relación, el contexto es muy propicio y fértil para que nazcan y crezcan este tipo de nexos.
El problema sin lugar a dudas no se acabará si llega a acusar a los exfuncionarios del PP por financiamiento electoral ilícito y a demostrar en juicio que cometieron ese delito; al contrario, es importante indicar que este tipo de financiamiento estuvo presente en muchas candidaturas que compitieron en las elecciones de 2015.
El hecho de que en las elecciones este tipo de financiamiento sea cada vez más importante y frecuente es uno de los principales problemas del modelo de financiamiento político en el país. Por ello, lo importante si queremos cambiar esta situación es que el Tribunal Supremo Electoral –TSE– tenga la suficiente capacidad para fiscalizar y controlar los recursos partidarios.
Para ello, es necesario desarrollar un proceso efectivo de implementación de las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos –LEPP– que se aprobaron en abril del año pasado. Usualmente nos conformamos con la aprobación y descuidamos la manera en que las instituciones materializan y dan vida al texto normativo.
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Realizar una efectiva implementación de las reformas en materia de fiscalización y control del financiamiento partidario permitirá evitar que dinero proveniente del narcotráfico entre en las campañas electorales; y también, luchar contra la corrupción en las instituciones públicas.
En estos momentos, más allá de estar pendiente de cómo evolucionan las acusaciones, el reto es romper los vínculos perversos que se establecen entre el financiamiento partidario, el narcotráfico y la corrupción. Hay que cerrar la mayor cantidad de espacios, formales y no formales, que permiten que el financiamiento partidario ilícito llegue a los partidos. Y eso se logra con una efectiva implementación de la LEPP.
No perdamos el norte en la lucha contra la corrupción, impunidad y el narcotráfico, ya que un buen instrumento para esa batalla que estamos librando es que el TSE tenga los suficientes instrumentos para fiscalizar a los partidos políticos, y que en el futuro desaparezcan estas relaciones perversas de financiamiento partidario que debilitan nuestra democracia. ¿Qué opina usted?
