No es mayor sorpresa, pero igual inquieta e igual perturba. Si la Corte distrital de Columbia en Estados Unidos demuestra que la exvicepresidenta Roxana Baldetti y el exministro Mauricio López Bonilla estaban vinculados con el trasiego de drogas, ¿qué duda quedaría ya de que hemos vivido en permanente coqueteo con un narcoestado? Para los que la tenían, digo. Para quienes creían que ello iba a suceder solo hasta que llegara al poder el partido Líder, algo inminente en marzo de 2015. Tal vez no era tan así. Tal vez la jugada venía hilvanándose desde antes. Y de confirmarse semejante cosa, aquí estaríamos hablando de algo incluso más siniestro de lo que parecía. Algo que bien pudo ser, como lo han dicho innumerables analistas, el perverso “cambio de estafeta” para consolidar una estructura muy bien aceitada, cuyos fines aviesos no conocían límites. Porque de comprobarse lo que sostiene el comunicado emitido el viernes, en el que se señala a dos exfuncionarios del Patriota de conspirar para distribuir cocaína para ser importada desde el país más poderoso del mundo, las tradicionales “grandes ligas” hasta ahora dibujadas en los casos armados por la CICIG y el Ministerio Público se verían enanas en comparación. Lo cual, obviamente, iría más allá de una “simple” red delictiva dedicada a saquear las arcas nacionales. La acusación habla de dos casos diferentes. Y es de suponer que los aludidos no serán los únicos incluidos en esa lista. Fuentes dignas de todo crédito aseguran que habrá más solicitudes de extradición en las próximas semanas. Y si eso se concreta, entonces se explicarían en definitiva múltiples aspectos que ya de por sí eran casi evidentes. Este podría ser uno: Alexander Aizenstadt, interventor de TCQ, dijo en una entrevista hace meses que la única manera de entender los sobornos por US$30 millones en ese caso de corrupción era que en el contrato firmado inicialmente para la operación de dicha terminal no figuraba, por ninguna parte, la cláusula que incluyera los rayos X para el control de lo que por ahí iba a pasar. A ello se suman otros indicios previos que se relacionan con la supervisión de las drogas “legales” en el país, tanto antes del partido naranja como durante su gestión, lo que sugiere que Guatemala era (o sigue siendo) el “paraíso criminal” para convertirse en la “gran cocina” de camino hacia el Norte.
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Al buscar el concepto de “narcoestado” en la no tan confiable (pero siempre consultada) Wikipedia, los países rotundamente mencionados son Kosovo y Guinea-Bisáu. Asimismo, la Colombia de los años de Pablo Escobar, el México de los violentos tiempos que corren y la Venezuela actual de Tareck El Aissami. No extraña que Afganistán también figure en el texto. Pero Guatemala no queda afuera, y el párrafo que le dedican relaciona nuestra situación con el poder que el narcotráfico ha desarrollado en territorios vecinos. Se lee así: “En este contexto, algunos medios se hicieron eco del riesgo de Guatemala a (sic) convertirse en este tipo de Estado, como consecuencia de su invasión por parte de los cárteles mexicanos de la droga. El embajador guatemalteco en este país admitió que su gobierno necesitaría asistencia internacional para evitar esta situación”.
No es agradable enterarse de esta doble acusación por parte de la Corte de Columbia. De existir suficientes pruebas contra los dos exfuncionarios aludidos, la historia sería dramática para ambos. En especial para López Bonilla, que en su momento se vio como un ministro que conocía muy bien la cartera a su cargo, y en la que alcanzó logros interesantes en continuidad con lo que ya la gestión de Carlos Menocal había empezado a cosechar en materia de reducción de homicidios. De hecho, el mismo López Bonilla argumenta ahora que fue un estrecho colaborador de la DEA.
El caso de Baldetti, igualmente penoso, revelaría en definitiva el exagerado nivel de vida que tanto se le achacó cuando fue diputada, así como durante su paso por la vicepresidencia. Pero sobre todo, tal y como lo dijo la fiscal general Thelma Aldana, reforzaría los demás procesos por corrupción en los que prácticamente la totalidad de la plana mayor del Patriota está sindicada.
No quiero imaginarme lo que ocurriría si la CICIG y el MP dispusieran de más recursos y si la población, en vez de polarizarse por casi cualquier tema, se encontrara mejor articulada para fundar un nuevo Estado. El Estado nuevo que nos debemos. El Estado anhelado. Un Estado en el que graviten unos cuantos corruptos a su alrededor, y no un Estado en el que solo unos cuantos no sean corruptos. Por ello, me permito preguntar: ¿cuál será el próximo escándalo?
