Antes la mayoría de energía eléctrica se generaba con petróleo y carbón lo que era caro y además contaminante. Luego fueron creciendo los proyectos de hidroeléctricos, en especial en las áreas rurales del país, donde existe un gran potencial para éstas actividades.
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Actualmente el 59% es renovable y de ésta una cuarta parte es hidráulica, cuya ventaja es no contaminar el ambiente, utilizar adecuadamente los recursos naturales, siempre bajo normas de conservar el entorno. De hecho el costo de la energía eléctrica se ha reducido, debido a que el nuevo marco legal dio apertura al sector privado en esta actividad, tanto en la generación, distribución y transmisión de la misma.
Adicionalmente había un compromiso del Instituto Nacional de Energía Eléctrica (INDE) de ampliar la cobertura del servicio, en especial en las áreas rurales del país. Actualmente más del 90% de los guatemaltecos tienen acceso a energía eléctrica, sin embargo aún hay departamentos que gozan de menos del 85% de cobertura como Alta Verapaz, Petén y Baja Verapaz.
La falta de cobertura ha sido en gran parte por razones políticas, pues en el año 2000 se creó la tarifa social, que lejos de favorecer a los que no gozaban del servicio eléctrico, desviaron los recursos económicos para subsidiar a la mayoría de consumidores. Este costo se fue incrementando, consumiendo una cantidad importante enorme de recursos. Según fuentes oficiales, la baja generación en la hidroeléctrica Chixoy impactó en los ingresos del INDE y para seguir manteniendo el subsidio durante el 2016, empezaron a usar préstamos bancarios. Ante esta situación a partir de este año se reducirá el subsidio en algunos rangos de consumo, para algunos de forma inmediata y para otros progresivamente durante tres años.
Paradójicamente el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), lejos de promover el desarrollo de las comunidades indígenas ancestrales dentro del marco de su cosmovisión, algunos le han encontrado últimamente una fatídica utilidad, ajena a su buena intención y propia para frenar proyectos en el campo del desarrollo en las áreas rurales, especialmente en la generación de energía renovable.
Aquí el ejemplo, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) suspendió en forma definitiva, el 5 de enero de este año, las licencias otorgadas por el Ministerio de Energía y Minas para la operación de proyectos hidroeléctricos construidos sobre los ríos Oxec y Cahabón, los cuales se sitúan en Santa María Cahabón, Alta Verapaz. Para ello la CSJ resolvió inicialmente el 26 de abril de 2016, suspender provisionalmente las licencias, pues debían de llegar a un acuerdo con los pobladores del lugar, para obtener en concesión bienes de dominio público, como son los ríos, para luego en enero de este año suspender definitivamente las licencias, por irregularidades en la consulta comunitaria.
Ello a pesar que las hidroeléctricas y los Ministerios de Energía y Minas y Medio Ambiente y Recursos Naturales, acreditaron que la consulta comunitaria y todos los requisitos legales se habían cumplido a cabalidad. A lo que lamentablemente, la semana pasada la Corte de Constitucionalidad avaló la suspensión de las operaciones de la hidroeléctrica; mismo tiempo en que los 48 Cantones de Totonicapán sitiaban el país, bajo la consigna que no debía reducirse el subsidio a la energía eléctrica, a través de la tarifa social de energía eléctrica.
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Nos encontramos en medio de una gran encrucijada, donde la visión de país pareciera es lo que menos importa. Por una parte tendremos que pagar altos costos por el servicio de energía eléctrica que se roban y por otra enfrentar fallos judiciales que reducen la posibilidad de ampliar la oferta de generación. Como dice un viejo refrán “están matando la gallina de los huevos de oro”. Y por si esto fuera poco, sufrir cada vez con más frecuencia, la protesta de los que gozan del servicio de energía eléctrica y los que no quieren que los que tienen, la gocen.
Es el momento de hacer un alto en el camino y decidir qué se hará a futuro en este campo de la energía eléctrica. ¿Cómo lograr más energía para todos y más barata? ¿Qué opina que interrumpan proyectos nuevos? ¿Cómo lograr el desarrollo de las comunidades indígenas sin conflictividad y en armonía?.
“La falta de cobertura ha sido en gran parte razones políticas, pues en el año 2000 se creó la tarifa social”.
