En los últimos días se ha discutido, en muchos espacios y desde diversas posturas, la propuesta de reforma constitucional. Es una discusión que como país hemos arrastrado desde la firma de los Acuerdos de Paz en 1996. Incluso, hay un acuerdo específico que identifica las debilidades del sistema de justicia y, en consecuencia, determina una ruta para reformarlo, procurando su autonomía e independencia.
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El espíritu plasmado en diversos esfuerzos no solo en los Acuerdos de Paz, sino además en otros que han logrado avanzar en el proceso legislativo es promover un sistema judicial que brinde justicia pronta y cumplida, que reduzca la ineficacia del organismo.
Es decir, consolidar un sistema imparcial en su aplicación, fuerte, autónomo e independiente. Un sistema que pueda garantizar la idoneidad, capacidad y honradez de los funcionarios del sistema judicial. Y, por otro lado, que despolitice la justicia, especialmente en los procesos de nominación de jueces para frenar la galopante impunidad y corrupción que reina en el país.
Y, en este caso, para transformar el sistema de justicia y consolidar un sistema con las características que describí se necesita una reforma constitucional. Es simple, el objetivo es adaptar la Carta Magna a los desafíos y retos que enfrenta la justicia hoy en día.
Mucho se ha hablado sobre la iniciativa que se está discutiendo en el Congreso de la República. Posiciones y argumentos a favor y en contra. Sin embargo, para mí el corazón de la iniciativa es la promoción de la carrera judicial. Es decir, los cambios están orientados a establecer en el texto constitucional las normas para que los jueces y magistrados del Organismo Judicial tengan las posibilidades de desarrollar una carrera profesional que les permita más estabilidad e independencia en su actuar.
La independencia judicial se define como la capacidad que tienen los jueces para decidir con base en lo que la ley establece, sin que nadie les diga qué hacer o influya en sus decisiones. Se conocen casos en donde los jueces son presionados e influenciados por “grupos externos” con capacidad para intervenir en los fallos judiciales.
Sin lugar a dudas, necesitamos mejores jueces para luchar contra la injusticia, acabar con la corrupción y la impunidad. Jueces que sean sometidos a verdaderas evaluaciones de desempeño, que logren escalar en la carrera judicial por méritos y capacidad, y no por compadrazgos o favores políticos, que puedan responder por los errores que cometen.
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El ambiente político está bastante agitado, son muchos los sucesos que han acontecido recientemente que, desde mi perspectiva, pintan el triste panorama de la justicia en el país y que, vistos de manera positiva, brindan razones suficientes para apoyar la reforma constitucional.
Que no nos ganen la apatía o el miedo que paralizan, sino, todo lo contrario, que las fuerzas y los deseos por un sistema de justicia independiente, autónomo e imparcial, en donde sean vencidas la corrupción e impunidad, sean los motores que muevan a los actores políticos en el Congreso para alcanzar acuerdos y aprobar la reforma.
No desaprovechemos la oportunidad para impulsar reformas al texto constitucional. Ya hemos perdido 20 años desde la firma de los Acuerdos de Paz. La justicia no puede esperar más. ¿Qué opina usted?
