Hay una industria multimillonaria del conflicto en el país, eso es innegable.
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Guatemala, al tener el yugo de la CIDH encima, se ha vuelto el paraíso de las fundaciones de “derechos humanos” para lucrar con las víctimas del conflicto y con el contribuyente guatemalteco, quien es el que paga esas reparaciones multimillonarias, que en especial van a las ONG que interponen dichas demandas contra el Estado.
Además, existe un afán por hacer renunciar a la Corte Suprema de Justicia en pleno sin haber presentado evidencia contra todos los magistrados y haber ganado una acusación penal en su contra para pedir semejante petición, para luego forzar a magistrados favorables a las embajadas o la ideología política de las ONG que quieren intervenir la Justicia y la Corte de Constitucionalidad, con sentencias totalmente fuera de lugar y sin fundamento jurídico, ni constitucional, para establecer el ilegal precedente que un magistrado suplente no puede actuar en una elección de la presidencia de la CSJ, aunque así la ley se lo faculta en ausencia de un magistrado titular.
Fallo de la CC
El reciente fallo de la CC, redactado y que tiene por ponente a la magistrada Gloria Porras, es tan manifiestamente ilegal que declara ilegal la elección del presidente de la CSJ, pero convalida todo lo actuado por la Corte Suprema desde la supuestamente ilegal elección de su actual presidente. ¿Cómo puede un acto jurídico ser a la vez legal e ilegal, invalidado y convalidado?
Ese es el estado de nuestra justicia constitucional y ordinaria, totalmente asediada y con la pretensión de ser totalmente tomada por grupos políticos disfrazados de activistas de “derechos humanos”, muchos de ellos colaboradores, apologistas y miembros de las guerrillas asesinas en la guerra guatemalteca del siglo XX; afines y por supuesto aliados del extremismo ideológico del Partido Demócrata que dominó la Casa Blanca durante ocho años y que fue completamente derrotado por la victoria transversal del Partido Republicano, que ahora controlan la Cámara de Representantes, el Senado y la Presidencia de Estados Unidos de América.
¿Hay o puede haber magistrados que hayan cometido delitos? Seguramente. ¿Hay que perseguirlos penalmente, sin circos mediáticos, probarles con evidencia científica sus delitos y, una vez vencidos en juicios, condenarlos? Totalmente.
¿Es eso lo que está pasando en el país? ¿Se respetan los derechos de todos los acusados? ¿Se respeta el debido proceso? ¿Se respeta el derecho de defensa? ¿O se están permanentemente presentando, ante una prensa ávida de escándalos mediáticos, teorías del caso y presentaciones de Power Point, para luego acosar a los jueces de que no condenan como los extranjeros pretenden o volver a los jueces totalmente convertidos en estrellas mediáticas, destruyendo por completo la independencia judicial, para entonces volver al proceso penal un circo mediático y no un procedimiento serio y con neutralidad necesaria de la imparcialidad judicial? ¿Cómo puede un acusado defenderse del circo mediático que se arma en su contra antes de presentar al acusado ante juez? ¿Cómo y por qué se armó el circo mediático de la captura del hijo del presidente de la República, cuando el acusado voluntariamente regresó del extranjero para ponerse a disposición del juez?
¿Tienen acaso los acusados acceso a un presupuesto de relaciones públicas como las entidades internacionales o la oficina de relaciones públicas, como las del MP o la PDH, para defenderse mediáticamente? ¿Son atacados mediáticamente para hacerse la CICIG y el MP propaganda con los acusados y los casos, y así seguir, por ejemplo, la cruzada por destruir la Constitución haciéndole una reforma que entroniza el racismo y la división racial entre los guatemaltecos dividiéndonos en cuanto al Derecho de los ciudadanos por el origen étnico de los mismos? ¿A eso le llaman los extranjeros y sus lacayos aquí adentro en Guatemala Estado de Derecho?
¿No me cree, Ud., que hay un jugoso negocio de reparaciones multimillonarias para que las ONG vivan a sus anchas del conflicto y de la guerra, y el sufrimiento de miles de guatemaltecos? Dese una vuelta por este enlace y vea las páginas de la 131 a la 134 de la sentencia de la CIDH, que allí se puede consultar y mire quién se llevará US$392 mil para su fundación.
