Nada en la Constitución permite que se cite a diputados al Congreso de la República a una reunión donde no está presente el pueblo de Guatemala, ni la prensa, donde se quiere arrinconar a los mandatarios del pueblo electos libremente en elecciones populares y totalmente transparentes, que representan la voluntad popular y la soberanía, que reside exclusivamente en el pueblo de la República de Guatemala, que la delega en sus tres organismos de Estado para ejercerla en su nombre y en el de nadie más.
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Es increíble que una vez uno estudia el mandato de la CICIG o con un mínimo de conocimiento constitucional, la CICIG, el MP o la PDH crea que en forma alguna esas entidades que no tienen iniciativa de ley, ni mucho menos iniciativa de reforma constitucional, crean que de alguna forma pueden violar sus leyes orgánicas o su mandato y extralimitarse en sus funciones cometiendo flagrantes abusos de autoridad, queriendo forzar una reforma constitucional que en las mismas mesas de discusión, que ellos mismos montaron y manipularon, se les demostró que no hubo consenso y que están pésimamente mal redactadas.
Ha sido la misma fiscal general Thelma Aldana la que reveló que el abogado Alejandro Balsells es uno de los asesores y los redactores de semejante aberración contra la Constitución que la quiere volver racista y ejercer derechos dependiendo del color de la piel de los guatemaltecos o basándose en su origen étnico, lo cual es llevar a todo el país a una confrontación racista por el puro capricho ideológico de una microminoría de radicales que quieren forzar su ideología en una reforma, que al incluir el racismo en la Constitución nació muerta.
Además, quieren entregarle el control del tercer poder del Estado a un consejo nacional de justicia que entre sus miembros tendrá un consejo administrativo, integrado por un representante del Ejecutivo, otro del Legislativo y otro del Judicial, con lo cual le están entregando al poder político de los partidos el control de los más de Q1,200 millones de presupuesto del Organismo Judicial. ¿Cómo ayuda eso a la independencia judicial? Habría que preguntárselo al insigne abogado constitucionalista que dice la fiscal asesoró y redactó dichas reformas.
Es totalmente ilegal, inaudito y totalmente en contra del procedimiento constitucional que se pretenda que los diputados al Congreso de la República en un recinto que no es el Legislativo, en terreno ajeno al Estado, en secreto y a puerta cerrada sean amedrentados a aprobar un desastre de reforma constitucional que ya todos los espectros políticos e ideológicos del país, universidades, tanques de pensamiento, la curia y las cámaras empresariales ya hicieron ver hasta la saciedad con estudios hechos por abogados y técnicos en la materia que no pude ni va a ayudar en nada a mejorar la independencia judicial ni a la transparencia del gasto público del poder judicial.
Además, quieren entregarle el control del tercer poder del Estado a un consejo nacional de justicia que entre sus miembros tendrá un consejo administrativo
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