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Inician los preparativos para la Navidad. Se aproxima el cierre del año y los últimos días laborales. Varios recibieron aguinaldo y las actividades como convivios, dar y recibir regalos, hacer nacimientos y adornar, acompañados de música y comida de la época hacen estos días especiales.
La semana pasada se estuvo discutiendo y criticando la solicitud de jueces y magistrados de un pago extraordinario de un bono llamado de “riesgo” de Q6 mil. Luego la Corte Suprema de Justicia autorizó entregar el bono de riesgo de Q4 mil -a aproximadamente 10 mil 500 empleados-, que representa un gasto de Q42 millones. Es controversial debido a que recién entró en vigencia la Ley de la Carrera Judicial (Decreto N. 32-2016) y un bono de este tipo para todos los empleados no tiene sentido. ¿Cuál es el costo de oportunidad de estos recursos? ¿Disminuirá la impunidad y habrá más justicia? ¿Cree que Q4 mil disminuye el riesgo de un empleado?
Según se comenta, varias instituciones públicas están entregando bonos de fin de año. Una forma de ejecutar recursos con poco esfuerzo. Esto ha incentivado a otros trabajadores a hacer su solicitud, entre estos, el sindicato del Ministerio de Finanzas que pidió un bono navideño de entre Q4 mil y Q5 mil, que representaría Q6 millones de egresos, que ante la negativa del Ministro provocaron disturbios en la sede, presionando con medidas de hecho a las autoridades.
Debido a los pactos colectivos que estas instituciones tienen con sus trabajadores, los empleados gozan de varios privilegios como mayor número de días de vacaciones, regalos, becas, beneficios para los líderes sindicales y en la mayoría de los casos multiplicidad de bonos. Por ejemplo los empleados del Ministerio de Finanzas cuentan ya con 14 bonos como el de eficiencia, complemento al salario por calidad, gastos de representación y otros. Una encuesta realizada en redes sociales señala que el 94% de los participantes está en contra del bono navideño.
Definitivamente la reforma al servicio civil constituye uno de los mayores desafíos para mejorar la eficiencia y efectividad con la que se ofrecen bienes y servicios públicos a la población. Los más afectados con una burocracia ineficiente son los más pobres. Es necesario contar con una carrera pública basada en méritos, con esquemas de remuneración enfocados en recompensar el buen desempeño, basado en su capacidad, responsabilidad y resultados. También se requieren mecanismos ágiles y efectivos de evaluación del desempeño y desvinculación laboral. Adicionalmente es imperante una política para abordar los pactos colectivos del sector público.
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Actualmente el Estado es un ente importante en generar empleo ya que de cada tres nuevas plazas, una es ofertada por el sector público. Sin embargo, se desconoce cuantos trabajadores tiene el Estado, en especial el Ejecutivo, las empresas descentralizadas y las municipalidades. En el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado el gasto en funcionamiento pasó de 50 a 66% en la última década. Urge una reforma donde el Estado tenga la la posibilidad de contratar trabajadores con base en sus méritos y competencias, la capacidad de establecer sistemas de incentivos en función de resultados concretos por parte de los trabajadores y la posibilidad de terminar la relación laboral en el caso de personal no idóneo o que no rinde lo esperado.
Pronto estaremos celebrando la Noche Buena y quedan dos semanas para finalizar el año. Le deseo muy felices fiestas y que comparta momentos de alegría y armonía con familiares y amigos.
