Esta semana se dio un paso fundamental para tener un efectivo proceso de implementación de las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos –LEPP– con la suscripción del convenio de cooperación interinstitucional entre el Tribunal Supremo Electoral –TSE–, la Contraloría General de Cuentas de la Nación –CGCN–, la Superintendencia de Administración Tributaria –SAT–, la Superintendencia de Telecomunicaciones –SIT– y la Superintendencia de Bancos –SIB–, con el propósito de establecer mecanismos de intercambio de información para la fiscalización de las finanzas de las organizaciones políticas.
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La suscripción del convenio es importante porque permitirá al TSE desarrollar un mejor control y una aguda fiscalización al financiamiento de los partidos políticos, especialmente en época electoral.
La débil fiscalización al financiamiento partidario se ha convertido en uno de los principales problemas del sistema electoral y de partidos políticos. Es por esta vía que las organizaciones políticas adquieren compromisos con sus financistas y dejan tiradas las prioridades de país.
La corrupción está íntimamente relacionada con el financiamiento opaco, concentrado y nada transparente que reciben los partidos políticos. Ya lo dice el popular dicho de: “quien paga la marimba, manda”. Los intereses de los financistas son los que terminan ocupando las prioridades en las decisiones públicas.
Los partidos traducen en tráfico de influencia, nepotismo y corrupción las “deudas” que adquieren con los financistas. No hay de otra. Esto ayuda a encontrar razones que explican porque los partidos reciben millonarios aportes, dinerarios y no dinerarios, en campaña electoral. Los financistas ven esos aportes como una inversión que tendrá jugosos retornos.
El convenio permitirá que las instituciones firmantes intercambien información para fortalecer la capacidad del TSE, no solo en materia de fiscalización del financiamiento privado sino también en el delito que muchos candidatos cometen al utilizar recursos públicos para actividades de campaña política.
Por ejemplo, el convenio será útil para que el TSE y el MP, a través de la fiscalía de delitos electorales, tengan pruebas sólidas y contundentes para respaldar las denuncias que se presenten en contra de partidos y políticos que cometan delitos electorales.
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Los aires esperanzadores de la lucha contra la corrupción se fortalecen con estas medidas. Sin embargo, estos esfuerzos tienen que hacerse realidad a través de plataformas que permitan un adecuado manejo de la información, para que esta sea útil y llegue a tiempo, así como los procesos institucionales para manejar, analizar y procesar esa información, entre otros cambios institucionales.
Por ello, la firma del convenio también nos recuerda que los procesos de implementación son determinantes para obtener buenos resultados. Si queremos un TSE con mayor capacidad de fiscalizar las campañas en el proceso electoral del 2019, nos debemos preocupar porque cuente con una institucionalidad que le permita hacerlo.
La firma del convenio es un paso esperanzador. Hay que reconocer la voluntad política de todas las instituciones firmantes, porque alienta ver esfuerzos institucionales orientados a la lucha contra la corrupción. Desde luego, es solo el primer paso. Hay mucho por trabajar. ¿Qué opina usted?
