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Las fuerzas políticas se están reposicionando en el Congreso y esto ha transformado los escenarios para varias iniciativas urgentes que necesita aprobar el pleno. En primera línea está el presupuesto, la reforma constitucional, la concesión de TCQ y la ley de competencia, por citar las más significativas. Cada una de ellas tiene sus propios desafíos políticos, técnicos y legislativos.
La agenda apretada para terminar el periodo legislativo introduce elementos que generar fuertes oposiciones y dificultades para alcanzar acuerdos. Por ello, quiero compartir con ustedes algunos aspectos de la opinión que trabajó la Asociación de Investigación y Estudios Sociales –ASIES– con el objetivo de resaltar los aspectos importantes que están contenidos en la iniciativa de ley de competencia y aquellos que necesitan revisarse y perfeccionarse. Los invito a descargar de la página web de ASIES el comunicado, estudios y presentaciones que se han elaborado sobre la competencia.
En primer lugar hay que reconocer el esfuerzo de consulta que realizó la Comisión de Economía y Comercio Exterior del Congreso con diversos actores sociales, académicos, políticos y económicos, así como el trabajo intenso de los diputados integrantes de esta comisión.
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El dictamen favorable presentado por la comisión incorpora elementos que mejoran la iniciativa de ley. Algunos de ellos están relacionados con ampliar el ámbito de aplicación, para considerar los actos o conductas desleales de los actores económicos que vulneran la competencia fuera del territorio nacional.
Por otro lado, también se tipifican las prácticas anticompetitivas en que puedan incurrir las asociaciones gremiales, profesionales y cámaras empresariales. Y para ajustar no solo la normativa, sino también para formar a los funcionarios y generar un proceso de socialización y adaptación de los agentes económicos al nuevo marco legal de competencia, la ley proponer una vigencia escalonada.
Es decir, se aplicará por fases. Poco a poco. Este elemento es muy prudente y razonable si se considera que estamos promoviendo cambios importantes y se necesita que los actores económicos conozcan y se adapten a las nuevas condiciones.
Sin embargo, algunos aspectos necesitan revisarse y mejorase. Hay varios artículos en la iniciativa que podrían “mal interpretarse” y genera resultados inesperados, afectando especialmente al consumidor final, que es el principal beneficiario de una ley de competencia. Sí. Usted que está leyendo esta columna, sus familiares, amigos y conocidos.
Por ello, en medio de la presión porque se está venciendo el plazo que tenemos como país para aprobar la ley, se necesita que los aspectos negativos sean revisados y perfeccionados. Lo peor que puede suceder es que por estar “corriendo” y dejando las cosas a última hora, se apruebe una ley débil que no cumpla con sus objetivos.
No es difícil. Las partes débiles ya están identificadas. Ahora toca buscar los acuerdos políticos, y que los diputados resistan las presiones de los grupos y sectores que están en desacuerdo con la ley, para que hagan las modificaciones necesarias y sea aprobada una buena ley de competencia.
Guatemala necesita una normativa que promueva la libre competencia, que contribuya a la eficiencia económica en varios sectores productivos, y que establezca reglas claras para que las empresas puedan competir en un ambiente económico sano.
Al final del día el objetivo de la ley de competencia es que el consumidor sea beneficiado con productos a precios justos y de buena calidad. Guatemala es el único país en Latinoamérica que no cuenta con una regulación que esté orientada a defender la competencia y a generar un mercado más justo, que promueva mayor bienestar y beneficio a los consumidores. ¿Qué opina usted?