“Al analizar las reformas propuestas, se ve claramente que es solo una toma del poder judicial por las ONG y no una mejora al sector de justicia”.
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El pleno del Congreso de la República tiene una gran responsabilidad con la defensa de la Constitución. No es posible creer la maltrecha propuesta de reforma del sector de justicia que entidades que no tienen iniciativa de ley están queriendo forzar al Congreso a aprobar.
El MP, la PDH y mucho menos la CICIG tienen en ningún lugar de la constitución iniciativa de ley para reformarla; sin embargo, estos tres entes son los que tabularon y redactaron el texto de la iniciativa, los falsos “consensos” a los cuales tengo certeza, por fuentes presenciales directas en las mesas de discusión de las reformas, que a la carrera y sin mal modo quieren estas entidades que creamos que son los únicos foros donde se deben discutir las delicadísimas reformas que se proponen.
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Lo que se está proponiendo es, primero, dividir el país en una torre de Babel sin seguridad ni estabilidad jurídica, pues la propuesta propone crear “derecho” indígena, lo cual es crear derecho con restricciones raciales entre ciudadanos que somos iguales en dignidad y derechos por mandato constitucional y por un principio básico de Derechos Humanos, que establece que es prohibido hacer distingos entre ciudadanos, según la propia declaración universal de DD. HH., documento fundante de la ONU. Esta propuesta le da a “autoridades ancestrales indígenas” el poder de la jurisdicción, que es función exclusiva de la Corte Suprema de Justicia y el Organismo Judicial, y también le confiere poderes legislativos al otorgarle capacidad de normar, con ello, por ejemplo, podríamos tener varias docenas o hasta cientos de tipos distintos de derecho penal y penas distintas dependiendo de la ¡raza del acusado!
Otro gran problema es sacar a la Universidad de San Carlos y el Colegio de Abogados de la Corte de Constitucionalidad y otorgarle poder total al Gobierno central con nueve magistrados, tres por cada poder del estado a una nueva CC, con el agravante que con este concejo de la carrera judicial que se quiere crear se tiene injerencia en los candidatos de los otros dos poderes del Estado (Ejecutivo y Legislativo) y ese concejo de la carrera judicial pasaría a sustituir a la CSJ casi en todas sus funciones menos las jurisdiccionales, con un concejo de diez personas, de las cuales cinco no son abogados ni jueces con lo que, por ejemplo, las ONG de derechos humanos podrían forzar con apoyo de ONU y embajadas a sus representes para integrar ese concejo que nombrara jueces hasta por 12 años, sin ningún control político ni sistemático, salvo un amparo en única instancia ante la CC, que, claro, ya está intervenida por poderes externos y muy presionada.
Al analizar las reformas propuestas se ve claramente que es solo una toma del poder judicial por las ONG y no una mejora al sector de justicia. El Congreso tiene la obligación histórica de cambiarlas mejorarlas y discutirlas públicamente para ¡impedir la destrucción de la seguridad jurídica y el estado de derecho en la República de Guatemala! Guatemala es de los guatemaltecos, ¡ya basta de querer dividirnos y enfrentarnos!
Iniciativa “El MP, la PDH y mucho menos la CICIG tienen en ningún lugar de la Constitución iniciativa de ley para reformarla; sin embargo, estos tres entes son los que tabularon y redactaron el texto de la iniciativa”.