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“Nunca antes en toda la historia del derecho constitucional del país un jefe de uno de los tres organismos del Estado había abiertamente tratado de destruir la Constitución Política de la República”.
Fue el pobre presidente que tenemos los guatemaltecos el que le presentó al aún peor presidente del Congreso semejante aberración jurídica.
Nunca antes en toda la historia del derecho constitucional del país un jefe de uno de los tres organismos del Estado había abiertamente tratado de destruir la Constitución política de la República, proponiendo que sea la mismísima Carta Magna la que hiciera distinciones raciales entre ciudadanos, a los cuales la Constitución misma en su artículo 4 (de carácter pétreo y solo reformable mediante asamblea nacional constituyente) garantiza que todos los ciudadanos sin importar sexo, raza, credo, religión u origen étnico gozamos de los mismos derechos y dignidad por mandato constitucional.
Lo que es obvio, y la foto de la presentación de las “reformas para mejorar el sector justicia” refleja (jamás un eufemismo fue tan patéticamente falso y grosero), es que los verdaderos patronos y dueños de esa aberración son la CICIG y sus patrones, que son las embajadas extranjeras que la mantienen y que siguen empeñadas en destruir a Guatemala, así como un sádico lastima y destruye a una cobaya de laboratorio.
No podemos callar, no podemos los guatemaltecos que amamos y juramos defender nuestra Carta Magna, nuestra soberanía y nuestras instituciones, ver cómo se propone destruirlas y no alzar la voz de protesta.
¿Y saben, estimados lectores, que es lo más grave? Es que a esa población indígena, a la cual dice la propuesta querer reconocer y beneficiar, es a la que más está dirigida esta aberración de nombrar autoridades indígenas ancestrales no electas ni entrenadas en el respeto a las garantías constitucionales y en la defensa de los derechos humanos, a las poblaciones que más van a dañar, pues la reforma les otorga el poder de legislar y de juzgar lo legislado, con lo cual estaremos entronizando a cuatrocientas (pues ese es el número de pueblos y de aldeas del país con mayoría indígena) dictaduras que podrán hacer con la vida y la dignidad de esas poblaciones lo que se les venga en gana.
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La falacia de decir que ese “derecho indígena” (que no es más que racismo jurídico igual que el apartheid de Sudáfrica) debera respetar la Constitución y los derechos humanos es una mentira absoluta, pues la inmensa mayoría de esas “autoridades” no ha recibido ni siquiera la más mínima capacitación como la debe tener un juez o magistrado, en derecho procesal, en garantías constitucionales y en las básicas del debido proceso que cualquier juez del mundo debe tener para hacer frente a la delicadísima tarea de juzgar.
Es tan grave la propuesta que ni siquiera hay límites de materia o de cuantía ni se resuelve el gravísimo problema de ante quién apelar y qué derecho preestablecido aplicará a las controversias racistas que dicha aberración creará, pues al impugnar al tribunal de apelación ¿qué texto o código de costumbre indígena podrá consultar? ¿Qué doctrina? ¿Qué costumbre codificada escrita, cierta o conocida, podrá aplicar la CSJ o la CC? ¿Cuándo los cientos de amparos e inconstitucionalidades lleguen a esos tribunales por los abusos de estas “autoridades” arbitrariamente establecidas como tribunales de fuero especial racista empiecen a funcionar?
Para eso sirven las Naciones Unidas y las embajadas en Guatemala para destruir nuestras instituciones, nuestra Constitución y nuestras garantías más importantes como la igualdad en dignidad y derechos de todos los ciudadanos (indígenas o no) ante la ley y la Carta Magna.
