“Quisiéramos arreglar el país cambiando la Constitución, pero no es así de simple. Previo a actuar debemos estudiar qué deseamos resolver y cómo lograrlo”.
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Desde que se promulgó la Constitución en 1985, ha habido varios intentos de reformarla. La primera en 1993, con éxito, luego de que Jorge Serrano Elías trató de violarla. En reacción no solo se le desconoció como mandatario sino que además se realizaron modificaciones, en especial en el sector de justicia. Se aumentó el número de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), se cambió su elección por una comisión de Postulación, y se crearon el Ministerio Público (MP) y la Procuraduría General de la Nación (PGN) en forma separada. Luego de la firma de los Acuerdos de Paz, se intentó en 1997 cambiar 51 artículos; sin embargo, después de una consulta popular, los guatemaltecos no avalaron la reforma. Después se han presentado siete iniciativas de ley al Congreso de la República para modificarla: Tres no obtuvieron dictamen, dos alcanzaron dictamen desfavorable, una con opinión a favor de su aprobación y otra pendiente de dictamen.
En abril de este año, representantes de los organismos del Estado, el procurador de Derechos Humanos, la fiscal general de la República, la coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas y los comisionados de la OACNUDH y CICIG, formularon una invitación abierta a todos los sectores de la población para dialogar sobre una posible reforma constitucional en materia del sector de justicia haciendo una propuesta de modificar 19 artículos, subdivididos así: a) Un único en materia de antejuicios, b) 12 relativos a la CSJ y el Organismo Judicial, c) uno sobre asistencia legal gratuita, d) uno relativo a los gobiernos departamentales, e) otro relacionado con el MP y f) tres dedicados a la Corte de Constitucionalidad. También se incluyen cinco artículos transitorios. Lamentablemente sin exposición de motivos, lo cual no permite comprender los problemas a resolver. Se celebraron siete sesiones regionales, y para poder participar en la discusión técnica, se debía presentar propuestas por escrito antes del 3 de junio. En total se recibieron 245 documentos, aunque no todos son distintos (se calcula que fueron menos de cien propuestas diferentes). Se llevaron a cabo 11 sesiones técnicas en la capital, y el proceso concluyó el mes pasado. Los participantes pertenecían a una serie de instituciones o agrupaciones, cuyos miembros eran plurales.
El ejercicio fue enriquecedor a nivel de diálogo y empatía, sin embargo con dificultades de llegar a consensos y convertirse en una instancia de discusión técnico/jurídica.
Luego de participar en todo el proceso, resulta importante reflexionar si es lo más oportuno hacer una reforma constitucional. Estudios recientes del Flujo de Justicia Criminal mostraron que la eficiencia del sistema es apenas 12.6% y que muchos de los desafíos se encuentran en cambios de procesos. Adicionalmente varios abogados comentan que la mayoría de las reformas planteadas se podrían realizar por medio de leyes y además señalan que algunas propuestas intentan romper la unidad jurisdiccional en que descansa el sistema republicano, lo cual no es lo deseable.
Quisiéramos arreglar el país cambiando la Constitución, pero no es así de simple. Previo a actuar debemos estudiar qué deseamos resolver y cómo lograrlo. Es fundamental reencauzar la discusión del mejoramiento de la justicia por medio de foros técnicos y estudios de procedimientos. Si en última instancia se requiere de una reforma constitucional, se recomienda convocar a los mejores juristas guatemaltecos para que redacten la propuesta. Es importante mantener a la población informada de los objetivos de la enmienda una vez agotados los análisis científicos. ¿Cuáles son los mayores retos de la justicia en el corto plazo? ¿Está de acuerdo con una reforma constitucional? ¿No sería mejor invertir los recursos de una consulta en mejorar procesos del sistema?
