“Añoramos un Congreso innovador, que planifique y cuyos miembros sean objetivos, transparentes y que debatan. Una institución abierta, que presente resultados y que trabaje con eficiencia”.
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Entre las instituciones del Estado, el Congreso tiene, después de los partidos políticos, la menor credibilidad y confianza de los guatemaltecos. En los últimos 15 años, este organismo incrementó su gasto a un ritmo del 14% promedio anual. En la década de los noventa, un diputado le costaba a los ciudadanos aproximadamente Q1 millón, mientras que el año pasado era alrededor de Q4 millones.
El Parlamento se fue distorsionando por el abuso de poder de algunos legisladores, el surgimiento de mafias internas y la falta de controles. Se suscribió un pacto colectivo con los trabajadores que les otorgaba 10% anual de incremento salarial y no se respetó la ley de servicio civil, llegando a tener alrededor de tres mil trabajadores –muchos con salarios escandalosos–, a una taza de 19 empleados por diputado.
Adicionalmente, al ser un ente fiscalizador y no tener límites, se convirtió en una institución deficiente. Muchas de sus comisiones no sesionaban; sin embargo, aparecían actas firmadas por sus miembros. Algunos de los parlamentarios usaron la figura de interpelación para chantajear a funcionarios, bloquear agendas y hacerse ricos. Varios de los diputados distritales se convirtieron en caciques, que en coordinación con alcaldes y gobernadores manejaban las inversiones locales, quedándose con muchos recursos. Él transfuguismo era un descaro. Hubo diputados que pertenecieron a más de cinco bloques.
Parte de ellos no respetaban la Constitución ni las leyes del país. Lo más evidente era no cumplir la Ley de Acceso a la Información Pública (Decreto 57-2008). Varias instancias y medios de comunicación solicitaban información como número de empleados, sesiones de comisiones, detalle de los alquileres y otros, y era constantemente denegada.
A partir de este año la situación ha cambiado. Se reformó su ley interna, se creó una nueva ley de servicio civil y se publicaron todos los datos. También se iniciaron procesos legales contra varios diputados debido a abuso de poder, negocios ilícitos y tráfico de influencias. Se recortó una serie de personal y se les bajó el sueldo –aunque esto podría ser ilegal–. Aparenta que están trabajando más que el año anterior. Los lunes los jefes de bloques se reúnen, se tienen sesiones plenarias los martes y jueves, y varias de las comisiones tienen agenda. Sin embargo, persisten abusos, las leyes aprobadas son deficientes de forma y de fondo y las citaciones a funcionarios son abrumadoras.
Ante esta situación, un grupo de organizaciones y colectivos conformó la semana pasada una alianza denominada “Congreso eficiente”. Su misión es diseñar, proponer y difundir una métrica para evaluar al organismo Legislativo y sus miembros, creando un acercamiento entre diputados y la población. Se busca llegar a ser la instancia ciudadana que desarrolle y organice un monitoreo parlamentario, para lograr un Congreso transparente, auditado, vigilado, eficiente y con personas honorables.
Deseamos convertirnos en un referente de monitoreo parlamentario, para ejercer una veeduría ciudadana en el ejercicio del poder del Congreso de la República en las funciones legislativas, de fiscalización y participación ciudadana, y promoción de la transparencia. Añoramos un Congreso innovador, que planifique y cuyos miembros sean objetivos, transparentes y que debatan. Una institución abierta, que presente resultados y que trabaje con eficiencia. ¿Qué espera del Congreso? ¿Se identifica usted con el diputado de su distrito? ¿Qué otras reformas requiere esta institución?
