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Escribo mientras se desarrolla la conferencia de prensa del episodio de sangre que le costó la vida a Byron Lima Oliva y a otros doce reclusos. Han transcurrido casi diez horas desde que trascendió el rumor de este múltiple asesinato y siete desde que se volvió noticia. El ministro Francisco Rivas no dispone de suficiente información como para aclarar todas las dudas de la prensa. Y no puedo culparlo de eso. Las cárceles de Guatemala colapsaron hace ya varios años; muchos años antes de que a él le ofrecieran ocuparse de la cartera del Interior. Lo cual pinta este drama de cuerpo entero. Cuando el ministro Rivas tomó posesión, el hecho estaba consumado. Para nadie es un secreto que el control de los penales se encuentra muy lejos de ser estatal. Había 80 guardias a cargo de la seguridad de la granja penal Pavón. Ochenta guardias con pésimos sueldos y sin garantías de ningún tipo. Ochenta guardias para “cuidar” a 2,850 privados de libertad, en un sitio con capacidad para 960. Y de esos 80 guardias, 35 son para traslados de reos a tribunales. Y de esos 35 guardias, como casi cualquier cifra relacionada con el tema, se desprenden más números espeluznantes alrededor de este eslabón de la cadena de justicia, en el que las instalaciones están diseñadas para 6,500 reos y donde hay 20,500. El hacinamiento es inmanejable y perturbador.
Leo en el twitter un aserto de Corinne Dedick, lúcida estudiosa del tema, que responde a otro mensaje previo de ProJusticia. “Un Sistema Penitenciario (SP) que no funciona le afecta a toda la sociedad…”. He ahí la clave de lo ocurrido ayer en Pavón. La visión popular, sumamente primitiva por cierto, es que a los reos hay que tratarlo peor que a animales y, si posible, torturarlos. Muchos hasta se quejan de que los periodistas y las autoridades los llamen “privados de libertad”.
Y entiendo: es un “razonamiento” lógico partiendo de la crueldad con que los criminales ultrajan a la gente. Sin embargo, la conclusión es equivocada y superficial, especialmente en aras del interés colectivo. Pocos piensan que con una justicia como la nuestra, aún en camino de consolidarse, muchos inocentes pueden llegar a ese infierno de las prisiones provisionales. Pasar una noche en el Preventivo de la zona 18 por un accidente de tránsito o sencillamente por un error propio de este implacable tercer mundo en el que nos toca vivir, ha de ser como para pagar todos los pecados de una vida entera. Y claro, los recursos no alcanzan para corregir que el vejamen se haya convertido en ley adentro de los penales. En este momento, solo de alimentación, el SP debe Q700 millones; una suma similar es la que se precisa, según el ministro Rivas, para enfrentar la crisis actual. En dos platos, no habrá presupuesto para lo que urge. Y las cosas seguirán igual por mucho tiempo, para mal de la ciudadanía.
Nadie ha dicho que los presos deban vivir en hoteles cinco estrellas. Las cárceles de cumplimiento de condena son sitios donde se paga una ofensa a la sociedad, muchas veces irreparable. Y el castigo en esos casos es, no solo necesario sino justo. Pero en Guatemala, como se ha dicho hasta la saciedad, los penales son “universidades del crimen”. Y en nuestras cárceles las promociones de maleantes, extorsionistas y sicarios son cada año más nutridas y especializadas. Administraciones va y administraciones vienen, pero nada pasa en la estructura en cuestión. Y duele comprobar, una vez más, que la desolación y el abandono de los centros penales es un reflejo de lo que llegó a ser nuestro maltrecho y paupérrimo Estado. Recuerdo cuando un ex ministro de Gobernación admitió que el mismo Byron Lima Oliva le había recomendado a quien nombrar como director del SP. O lo que reveló la CICIG en cuanto a la mafia en los traslados de reos. Los ejemplos sobran. Como también las víctimas de extorsión producto de los reclusos que delinquen desde la cárcel.
Lo que pasó ayer es una tragedia enorme. Y también un mensaje macabro y preocupante, quién sabe exactamente para quienes. No me trago la versión inicial. El país enfrenta cambios que, de concretarse, tocarán intereses muy oscuros que han ejercido poderes formales y paralelos durante décadas en este país. Ya los tocaron, de hecho. Y la respuesta aún está por determinarse. Francisco Rivas es uno de los mejores ministros de este Gobierno, aunque este terrible momento lo ponga contra las cuerdas. Su obligación, ahora, es asegurarse en la medida de lo posible que no habrá otro crimen similar, de proporciones mediáticas, en el corto plazo.
No me voy por las ramas. Cuidar a Salvador Estuardo González, alias Eco, y a Juan Carlos Monzón Rojas es su prioridad. Permitirse otra ejecución extrajudicial del calibre de la de ayer, tanto de forma como de fondo, lo colocaría en aprietos irreparables. Y lo más cuesta arriba de todo esto es que, como escribí antes, el Sistema Penitenciario había colapsado años antes de que le ofrecieran el puesto. Y lo peor es que faltan años para que esas cárceles-universidades del hampa dejen de ser un infierno, por el bien de la sociedad. Sí, usted leyó bien. Escribí “un infierno”.
