“Se reconoce la necesidad de complementar esta normativa con al menos dos instrumentos. Una ley y una política de competencia que generen condiciones para promover la eficiencia de mercado”.
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En el palacio legislativo se está discutiendo la iniciativa número 5074 que dispone aprobar la “ley de competencia”. Aparentemente esa discusión no tiene mucho sentido para nuestra vida. Esto sucede porque muy probablemente no dimensionamos el impacto que tiene la ausencia de una ley de esta naturaleza en nuestros bolsillos, por medio de los precios, y también con la calidad y disponibilidad de los productos que compramos y servicios que utilizamos.
El problema se da cuando el mercado tiene fallos que afectan la libre competencia. Para ejemplificarlo, imaginemos un mercado donde hay pocos oferentes, y estos se ponen de acuerdo para dividirse el mercado, para fijar los precios de los productos y servicios que ofrecen. Los resultados directos de un mercado no competitivo son precios más altos y menos beneficios para la economía y los consumidores. Algunas de las prácticas anticompetitivas que restringen la competencia son muchas, sin embargo, las más conocidas son los monopolios, los oligopolios, las prácticas de colusión y los cárteles.
Por otro lado, un mercado que funciona bajo reglas de libre competencia, promociona la participación de más empresas, así como también motiva la productividad de las empresas, la innovación de los productos y servicios ofrecidos así como la calidad de estos. Esto en principio tiene un efecto en el incremento de la productividad de las empresas, el surgimiento de más competidores, situaciones que a su vez generan más empleos, mejores salarios para los trabajadores y sobretodo precios de mercado para los consumidores. Esto sucede cuando varias empresas compiten para atraer consumidores beneficiándolos con precios justos y un mayor nivel de bienestar.
Guatemala tiene un marco legal incompleto para regular las prácticas anticompetitivas. Además del mandato constitucional y la legislación ordinaria para esta materia, el país tiene compromisos internacionales que debe cumplir para contrarrestar las prácticas anticompetitivas.
En este sentido, se reconoce la necesidad de complementar esta normativa con al menos dos instrumentos. Una ley y una política de competencia que generen condiciones para promover la eficiencia de mercado y la maximización del bienestar de los consumidores. Los dos instrumentos tienen que estar íntimamente relacionados.
Con el fin de implementar una política de competencia exitosa, la ley debe ser el marco legal que le dé vida a la política. La ley permitirá, consecuentemente, constituir una entidad institucional encargada de la aplicación de las normas y sanciones de las prácticas anticompetitivas. Los fines que debe perseguir este instrumento legal son garantizar la libre competencia, prohibir, disuadir y, en su caso, sancionar las prácticas anticompetitivas. De igual manera, debe proteger al consumidor y usuario de los malos productos y servicios.
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Dentro de los beneficios que se le atribuyen a esta ley se pueden mencionar reglas claras para las empresas compitan en un ambiente sano, que evite la colusión y el abuso de la posición de dominio de una empresa. Así mismo permitirá controlar situaciones que creen ventajas discrecionales y perjudiciales para los consumidores y demás empresas.
La falta de una ley y una política de competencia como tal se evidencia en el funcionamiento de la economía guatemalteca, ya que a pesar de enorme potencial que tenemos en varios sectores de la economía, aún hay barreras de entrada para ciertos mercados, y ningún tipo de regulación referente a temas de posición de dominio de un sector, actividad, o empresa en particular.
Que bajen los precios y mejore la calidad de los productos y servicios en varios sectores de la economía del país, son algunas de las razones que encuentro para que en el Congreso de la República— los diputados —aprueben la ley de competencia; que sea el instrumento por medio del cual se implemente la política de competencia, que dicho sea de paso aún no es publicada por la entidad encargada. Guatemala es el único país en Latinoamérica que no cuenta con una regulación que esté orientada a defender la competencia y a generar un mercado más justo que promueva mayor bienestar y beneficio a los consumidores. ¿Qué pina usted?
