“Todos estamos de acuerdo sin importar ideologías que esta lucha es necesaria, es buena para el país, fortalece la institucionalidad y tiene el mayoritario apoyo de la población”.
PUBLICIDAD
Los sucesos mediáticos y judiciales de la persecución contra la oprobiosa corrupción del Partido Patriota y sus operadores han causado sin duda alguna una justificada indignación de la población contra lo que todos sabíamos que sucedía pero nunca habíamos tenido una confirmación seria, como lo es una acusación formal de delitos de corrupción por parte del MP, para validar nuestras sospechas fundadas en la corruptísima maquinaria de la política partidista de por lo menos los últimos cuatro gobiernos.
Esta ahora certeza de la corrupción y los mecanismos de soborno para la contratación de obra pública, la pauta de gobierno en medios corruptos y demás prácticas que las investigaciones han revelado hacen necesario fortalecer al MP, al organismo Judicial, a la Dirección de Presidios del Mingob y a la Policía de investigación criminal y a los investigadores del MP.
Todos estamos de acuerdo, sin importar ideologías, en que esta lucha es necesaria, es buena para el país, fortalece la institucionalidad y tiene el mayoritario apoyo de la población.
Sin embargo como en todo proceso de cambio, han salido a la palestra pública, grupúsculos de extrema izquierda como el movimiento semilla o antiguos simpatizantes de la guerrilla o exguerrilleros apoyados por el sistema de Naciones Unidas en Guatemala, lamentablemente, que han querido y quieren utilizar la legitimidad que le da a ciertas instituciones la lucha contra la corrupción para insertar en las propuestas de reforma constitucional y al sector justicia, gravísimas violaciones al régimen republicano de gobierno, a la separación de poderes, a la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley y a la igualdad que todos los seres humanos tenemos, no solo por Derecho Natural, sino inclusive por instrumentos internacionales importantísimos como la Declaración Universal de los Derecho Humanos de la ONU de 1948, documento fundante de toda la doctrina y la costumbre jurisdiccional en materia de derechos humanos y pacto básico de respeto a la dignidad del ser humano en todo el mundo.
¿Cómo es posible que la ONU en Guatemala presente una reforma a la Constitución que busque aprobar distingos raciales entre guatemaltecos como lo hacen las llamadas reformas al sector justicia, y se pretendan crear aberraciones como “derecho racista” basados en la etnia de los ciudadanos? ¿Cómo pretende la ONU y el señor Brunori de Oacnudh que en Guatemala, donde existen más de 400 pueblos con mayoría indígena, existan entonces 400 tipos de derecho indígena distinto? Como va la Corte Suprema de Justicia a judicializar casos con 400 tipos de derecho distintos? ¿En Dónde están escritos en castellano esta “costumbre indígena” y publicada para que, por ejemplo, un abogado indígena pueda defender a su cliente de una acusación penal o una expropiación de su propiedad privada a un ciudadano indígena basado en la “costumbre y normas indígenas”?
¿Cómo es posible que, si literalmente el artículo 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que “Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición” la propia Naciones Unidas en Guatemala patrocine una aberración de reforma constitucional que viola la igualdad de los ciudadanos guatemaltecos ante la ley y crea no dos sino cientos de derechos distintos basados en la etnia o raza de los ciudadanos? ¿Cómo es posible que se intente violar la Constitución Política de la República de Guatemala, en su artículo 4 que establece que todos los ciudadanos, hombres y mujeres somos iguales en dignidad y derechos? ¿Tratando a unos ciudadanos con una ley y a otros, basados en su origen étnico, con otra?
¿Ese es el respeto que Naciones Unidas y las embajadas que apoyan dicha aberración tienen por los derechos humanos, por la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley con igualdad de dignidad y derechos, y por la Constitución? ¿Van los abogados del Colegio de Abogados y todos los ciudadanos a permitir que porque una comisión de naciones unidas así lo propone, destruyamos el Derecho y destruyamos al país y la Constitución tirándonos y enfrentándonos a todos los ciudadanos a unos contra otros e iniciar un apartheid guatemalteco? ¿Es esto mejorar el sector justicia?
