Opinión

Debido proceso y legitimidad

“Lo que se espera es que en el juicio el MP presente las evidencias suficientes para sustentar sus gravísimas imputaciones de delito y probar debidamente los delitos que se persiguen”.

Es verdaderamente de un impacto mediático extraordinario, las últimas acusaciones que el MP y la CICIG le han presentado a la opinión pública sobre corrupción, lavado de dinero y lo que ellos han llamado cooptación del Estado, de algunos malos empresarios y financistas de campañas políticas corruptas.

Lo que se espera es que en el juicio el MP presente las evidencias suficientes para sustentar sus gravísimas imputaciones de delito y probar debidamente los delitos que se persiguen.

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De resultar probados estos delitos, los procesos de corrupción generarán condenas de varias décadas seguramente para la ex vicepresidenta Baldetti y el expresidente Pérez Molina.

Es muy necesario que dichos procesos penales y especialmente la actuación del MP y de los juzgados sea impecable, o lo más cercano a serlo. Nada más ni nada menos que el futuro del Estado de Derecho está en juego, y la confianza de toda la población en sus instituciones depende de lograr condenas basadas en pruebas bien recopiladas estudiadas y presentadas en el debate.

Creo que si se logran las condenas en esta forma profesional y certera, el actuar tanto de los tribunales de justicia y del MP no solo se verán legitimados y reforzados ante una población sedienta de justicia y que desea un castigo para los corruptos implicados, sino que se fortalecerán en el mediano y el largo plazos las necesarias instituciones del Estado de Derecho, que tantos guatemaltecos por tantas décadas hemos luchado y exigido del gobierno.

Es imperativo que todas las acusaciones sean sustentadas no solo porque de ser ciertas, un entramado enorme de corrupción estatal, que lamentablemente pasa por medios de comunicación, sería seriamente debilitado y expuesto públicamente a la población, sino que estoy seguro que las condenas y los detalles de los casos de corrupción podrán hacer cambios en las empresas y la forma en que se pauta en medios en Guatemala, castigando severamente a los grupos involucrados en corrupción.

Sin embargo, no se deben hacer cosas que agraven o afecten el desarrollo y el crecimiento económico del país. Con esto me refiero a la recientemente anunciada extinción de dominio que se pretende hacer sobre las instalaciones y la empresa TCQ según se ha publicado en informaciones de prensa.

No se puede olvidar que dichas instalaciones ya están terminadas y listas para operar y se construyeron con cientos de millones de dólares de préstamos de capital privado y que una cosa son los ejecutivos que presuntamente han cometido delitos de corrupción en contubernio con una administración de gobierno corruptísima como la del PP; y por otro lado están los legítimos derechos de terceros que van desde la naviera Maersk hasta la IFC del Banco Mundial y los proveedores y bancos que hicieron los préstamos privados para construir dicha terminal de contenedores.

No creo yo que sea legal, ni legítimo, ni ético, ahora que una terminal construida con millones de dólares de propiedad privada en arrendamiento de terrenos públicos sea expropiada por el Estado. Debe, eso sí creo, renegociarse los términos del contrato o hacerse un nuevo contrato de operación, ahora con los nuevos dueños que a todas luces parecen ser actores comerciales legítimos que podrían fácilmente revertir la corrupción causada por los dueños anteriores.

El extralimitarse y expropiar mediante un procedimiento arbitrario de extinción de dominio, instalaciones construidas con dinero privado, será un pésimo precedente para las grandes obras de infraestructura que el país necesita. Castigar severamente con penas de cárcel a cualquier corrupto, ya sea en el Estado o en empresas privadas, totalmente necesario y debido, expropiar arbitrariamente para apropiarse en forma ilegítima de cientos de millones de dólares de inversión privada y afectar a terceros que no están implicados en corrupción, eso es totalmente contraproducente y dañino para los intereses de Guatemala y el clima de negocios en el país interna e internacionalmente.

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