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“Este modelo de financiamiento perverso está íntimamente relacionado con algunas prácticas que debilitan la institucionalidad democrática, tales como la corrupción y el nepotismo, que están carcomiendo progresivamente nuestra institucionalidad”.
Una bomba estalló ayer. Han sido tantos los casos, las personas, las vinculaciones y los procesos que a estas alturas es difícil darle seguimiento a cada uno de ellos. Sin duda, la justicia está llegando a los que no llegaba antes. El sistema de justicia está sorprendiendo a propios y a extraños. Las situaciones que están destapando las investigaciones eran “secretos a voces”. Ahora salen de la oscuridad de la impunidad, y se abre la posibilidad para que las personas que han cometido delitos sean juzgadas.
La relación entre financiamiento electoral ilícito, lavado de dinero y corrupción quedó de nuevo al descubierto con el caso y las acciones del Ministerio Público –MP– y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala –CICIG–. Esta relación perversa que establecen los políticos y los financistas ha primado en muchas de las actividades políticas partidarias, expresándose principalmente en época electoral.
La avaricia, el ansia de poder y el enriquecimiento desmedido se constituyen en el “talón de Aquiles” de los políticos. Esto quedó más que evidenciado en el caso que presentaron ayer el MP y la CICIG, en donde el financiamiento electoral ilícito opaco es utilizado para financiar campañas políticas.
De acuerdo con Novales (2004) en el estudio “Partidos políticos guatemaltecos: financiamiento e institucionalidad” a pesar de que la Ley Electoral y de Partidos Políticos –LEPP– obligaba a los partidos a rendir cuentas sobre la gestión de sus recursos, la fiscalización se dificulta debido a que los financistas entablan relaciones directas y personales con candidatos y dirigentes. Este modelo de financiamiento empleado por los partidos políticos los hace opacos y verticales, y permite que las organizaciones locales funcionen con autonomía de la organización nacional, pero con dependencia de dirigentes y candidatos, quienes las financian.
Este modelo de financiamiento perverso está íntimamente relacionado con algunas prácticas que debilitan la institucionalidad democrática, tales como la corrupción y el nepotismo, que están carcomiendo progresivamente nuestra institucionalidad, y que a su vez impactan de manera directa en la confianza y la legitimidad, no solo de las organizaciones políticas, sino también del sistema político en su conjunto. La corrupción se ha convertido en el “cáncer” de nuestro sistema político.
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La investigación que el MP y la CICIG presentaron ayer destapó las prácticas ilegales que utilizan los partidos políticos para gestionar los recursos financieros, incurriendo en delitos vinculados con lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Estas prácticas han permitido consolidar amplias y complejas “redes político-económicas ilícitas” que se han incrustado en los partidos políticos y en las instituciones públicas. Estructuras criminales que buscan el poder y el enriquecimiento desmesurado e injustificado.
El escenario de impunidad que primaba en el financiamiento electoral ilícito se está transformando. Por un lado, este cambio está siendo impulsado por las investigaciones judiciales que abren la posibilidad para que estos casos sean juzgados. Ahora le toca al Partido Patriota –PP– estar involucrado. Sin embargo, el PP no fue el primer partido en incurrir en estos delitos. Las investigaciones deben continuar porque este tipo de prácticas se han dado en otros partidos, y en muchos niveles, desde lo local hasta lo nacional.
Estas acciones se deben complementar con esfuerzos del Tribunal Supremo Electora l –TSE– para fortalecer su capacidad de fiscalizar el financiamiento partidario, especialmente en época electoral. Recientemente se han aprobado reformas que coadyuvarán a que el TSE pueda cumplir con ese objetivo. Por ello, es importante apoyarlo para que implemente de buena forma las nuevas reformas. ¿Qué opina usted?
