“Dado este statu quo, Estados Unidos entendería que no puede primero aceptar y procesar mas de 60 mil menores centroamericanos emigrantes al año en toda su frontera sur, pues el costo de albergarlos, procesarlos, cuidarlos para luego deportarlos legalmente a sus países es enorme”.
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En la coyuntura actual la sociedad guatemalteca vive desde abril de 2015 una serie de acusaciones de casos de corrupción gravísimos de las más altas autoridades del país. Hay en este momento dos expresidentes del Banco de Guatemala, un expresidente y una ex vicepresidente de la Republica, al menos 20 diputados o ex diputados al Congreso de la República, al menos dos exmagistrados de la CSJ, varios exprocuradores generales de la República, un exsecretario de la vicepresidencia y un exsecretario de la presidencia, exalcaldes corruptos, solo para mencionar algunos de los más reseñados en los medios por el innegable impacto que estos varios casos de corrupción, sobornos, robos al erario público y a las aduanas del país, lavado de dinero de narcotráfico y otros gravísimos delitos de los cuales las autoridades del gobierno anterior y de otros gobiernos anteriores están siendo acusados. Personajes nefastos como Roberto Alejos o Luis Rabbé ahora enfrentan la justicia y la ciudadanía puede sentir que tras tantos años de corrupción al fin podrá verse esta condena de lo público en Guatemala ya sea acabada o por lo menos severamente disminuida.
Como analista no me cabe a mí ninguna duda que los intereses norteamericanos, especialmente en el marco de su seguridad nacional, por los riesgos para su seguridad como lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y una migración masiva de adultos y menores del triángulo norte centroamericano, con sin duda alguna algunos de los factores determinantes en que el estado norteamericano haya tomado un profundo interés por CICIG, por el MP y por el aparato de justicia guatemalteco, pues como es natural los últimos tres o cuatro gobiernos hipercorruptos, especialmente los últimos dos, son de los más graves representantes de la corrupción casi totalmente transversal y sistémica del aparato gubernamental guatemalteco (las administraciones de UNE y PP solo serían las muestras mas patéticas de la grosera corrupción estatal).
Dado este statu quo, Estados Unidos entendería que no puede primero aceptar y procesar más de 60 mil menores centroamericanos emigrantes al año en toda su frontera sur, pues el costo de albergarlos, procesarlos, cuidarlos para luego deportarlos legalmente de regreso a sus países de origen es enorme y llega a los cientos de millones de dólares tanto para el gobierno federal como para los gobiernos estatales que, son vecinos inmediatos de México en la frontera sur de los EE. UU.
Sin embargo, tengo para mí, que no solo es la corrupción estatal y la emigración masiva de menores y adultos cada año a los EE. UU., las únicas razones de semejante reacción y semejante esfuerzo sostenido y transversal contra todo el sistema de corrupción estatal del gobierno de Guatemala. Creo sinceramente que el gobierno y la administración de Otto Pérez Molina puso en riesgo la seguridad nacional de los Estados Unidos. Y en estos tiempos la primera y más importante amenaza real a la seguridad nacional en forma inminente de los EE. UU es el islamismo terrorista o el lavado de dinero para financiarlo.
De ser cierto este escenario, la reacción contra el gobierno corrupto, que ya sea con o sin conocimiento permitió que semejante amenaza permeara el sistema y se materializara en nuestro país, hace que la reacción norteamericana sea lo potente y sostenida que ha sido. En mi opinión ya no estamos en presencia solo de una postura ideológica de intervención en asuntos internos de la administración de Obama, sino que la corrupción estatal generalizada ya no solo es un flagelo que nos castiga a todos los guatemaltecos, con un Estado atrofiado totalmente por partidos políticos corruptos y muchos corruptores externos que quieren lucrar en forma criminal con contratos de obra publica o suministros para el estado; sino que ese ambiente de tolerancia a la corrupción y al lavado, se ha vuelto al fin un riesgo de seguridad nacional para el estado norteamericano, con lo que en mi análisis, una vez los norteamericanos corroboraron que la amenaza a su seguridad nacional no era ya solo una teoría de escenarios sino una realidad, todo su poder, influencia y métodos políticos de presión al régimen corrupto de OPM fueron liberados para actuar. Eso en parte sería una feliz coincidencia de intereses del pueblo de Guatemala con el pueblo de los Estados Unidos, pero la mancha ominosa y oprobiosa de aliarse con ONG de extrema izquierda para perseguir al ejército y dejar libres e intactos a los criminales de la guerrilla ha hecho que este esfuerzo muy importante para nosotros, pierda muchísima credibilidad y sobre todo sea justo con lo que paso en el conflicto armado interno guatemalteco.
