“La reforma también permite la reelección del fiscal general, pues solo prohíbe la reelección sucesiva y no la prohíbe completamente, con lo cual Claudia Paz y Paz podrían volver a dirigir el MP y el consiguiente nuevo desastre que ello acarrearía”.
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Entre las propuestas presentadas para “mejorar el sector de justicia” hay otras que dejan muchísimas dudas, luego de estudiarlas. Por ejemplo, quitarle el control administrativo de la Corte Suprema de Justicia y del Organismo Judicial a la Corte y entregárselo a un nuevo consejo de la Carrera Judicial integrado por siete miembros.
Estos siete miembros seria designados, uno por cada categoría de jueces: uno por la CSJ, otro por los magistrados de las Salas de Apelaciones, otro por los jueces de primera instancia y otro por los jueces de paz. Luego puede haber otros tres representantes “expertos en diversas disciplinas indispensables para el desarrollo de la carrera judicial, electos por concurso de oposición” entre jueces y magistrados del Consejo de acuerdo con la ley de la carrera judicial. Esta última provisión abre la peligrosísima puerta a dejar entrar a “defensores de derechos humanos” o “miembros de la sociedad civil” o “miembros del movimiento pro justicia”, que no son otra cosa más que políticos de izquierda y de extrema izquierda disfrazados con esos títulos eufemísticos, a nombrar ahora hasta por 12 años a los jueces del país. Como se les vino abajo la genial idea de la comunidad internacional, CICIG, Naciones Unidas, grupos de “derechos humanos” y “sociedad civil” y algunos partidos afines a ellos, la brillante idea, digo, de la Ley de Comisiones de Postulación; ahora quieren tomar este Consejo y con ello asegurarse el nombramiento de jueces afines a esa fracasada ideología política y no a juristas distinguidos y jueces de carrera, que son los únicos profesionales que deberían de influir en el proceso de designación de magistrados y jueces.
Es más, esta genial idea de reforma para “mejorar el sector de justicia” también incluye que este mismo Consejo de la Carrera Judicial sea el que designe a los tres candidatos para fiscal general y jefe del Ministerio Público (quien ya no tiene que rendirle cuentas al Consejo del MP y tiene un poder absoluto, sobre todo el MP) con lo cual los insignes juristas (de los cuales no aparece el nombre o el autor de tan brillantes propuestas al sector justicia por ningún lado de la propuesta) harían caer al Organismo Judicial y a dicho Consejo, en un conflicto de interés irreconciliable y absoluto, pues ¿cómo es posible que el ente que debe juzgar lo que el fiscal general le presenta como evidencia en los procesos penales, sea el mismo ente que le proponga al presidente de la República quienes pueden ser fiscal general de la República?
La reforma también permite la reelección del fiscal general, pues solo prohíbe la reelección sucesiva y no la prohíbe completamente, con lo cual Claudia Paz y Paz podrían volver a dirigir el MP y el consiguiente nuevo desastre que ello acarrearía, pues otra vez la exguerrilla controlaría en su lucha ideológica el ente que tiene el monopolio de la acción penal en el país.
Es increíble que no solo esta propuesta, que más suena a una toma de poder de los eternos grupos enquistados en el Estado para mantener el conflicto y que viven del conflicto entre los guatemaltecos a perpetuidad; quisieran no solo volver al derecho racista en nuestro medio (con la propuesta de tribunales y autoridades de derecho indígena como órganos jurisdiccionales, lo cual es absolutamente inconstitucional y totalmente en contra de cualquier concepción de derechos humanos), sino que igualmente hacer una toma completa del Organismo Judicial y del Ministerio Público, para volver a los tribunales de justicia un instrumento de la izquierda y la comunidad internacional y volver al desastre de MP de Claudia Paz y Paz y con ello mantener un monopolio y control externo a la Corte Suprema y a la justicia e instituciones nacionales, de a quien se persigue penalmente en el país, y como se juzga dicha persecución penal. ¿Esto es mejorar la justicia en el país?