“Considero que es urgente que el presidente sancione la ley para que pueda entrar en vigencia. La reforma tiene avances significativos que ayudarán a corregir varios de los problemas que enfrenta el sistema electoral y de partidos políticos. No caigamos en la trampa de impedir la aprobación de esta reforma con el argumento de que es insuficiente y que le hacen falta cosas”.
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Estamos en la antesala de una esperada reforma electoral. El tiempo avanza. Muchos están a la expectativa de si el presidente Jimmy Morales veta o sanciona las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP).
La actual reforma es producto de un amplio proceso de discusión técnico y político, que por los menos se ha desarrollado durante las últimas dos décadas. Muchos espacios y actores han estado involucrados en esta discusión. La crisis que se vivió el año pasado fue la ventana de oportunidad para que la reforma se colara en la agenda legislativa.
Los escenarios que se pueden configurar en los próximos días son básicamente dos. Uno es que el presidente vete la reforma y el otro es que la sancione. Cada uno de estos escenarios configura reacomodos y reacciones de los actores que han estado involucrados en la discusión y aprobación de la reforma electoral.
El presidente Morales veta la ley. En este escenario el Congreso deberá buscar acuerdos para rechazar el veto presidencial con una votación de al menos 105 diputados. En principio esto requiere que los diputados que recientemente aprobaron la reforma, mediante esta votación, ratifiquen y reafirmen su voto y compromiso con la ley. No se esperaría algo distinto. Independientemente de los últimos reacomodos y las diferencias internas en los bloques legislativos se esperaría que los diputados sean consecuentes y reafirmen su voto.
Por otro lado, si el presidente sanciona la ley, esta deberá entrar en vigencia una vez sea publicada en el diario oficial. Este escenario también plantea acciones inmediatas. Una es el proceso de implementación de las reformas que deberá ejecutar el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Si queremos un TSE con capacidad para utilizar todas las herramientas y los instrumentos en materia de fiscalización a las campañas partidarias, implementar el voto en el extranjero, entre otros aspectos importantes de esta reforma, necesitamos que se apruebe pronto para que el TSE cuente con suficiente tiempo para el proceso de implementación.
La efectividad y el éxito de la reforma dependen significativamente del tiempo y los recursos que tenga el órgano electoral para implementarla. Evidentemente si se tiene más tiempo los resultados serán mejores. A menor tiempo, el TSE se ve seriamente comprometido para dar buenos resultados. Es decir la posibilidad de éxito y la efectiva implementación de la reforma. Por otro lado, también se debe dotar al TSE de los recursos necesarios.
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La otra acción que se deriva del escenario en donde el presidente sanciona la ley es convocar al proceso de discusión de la próxima generación de reformas electorales. Aquí el TSE y el Congreso de la República son los actores que deberán generar los espacios para impulsar el proceso que incluya cambios para promover la democracia interna, una eventual redistritalización del país, cambios en la forma del voto, entre otros aspectos.
Considero que es urgente que el presidente sancione la ley para que pueda entrar en vigencia. La reforma tiene avances significativos que ayudarán a corregir varios de los problemas que enfrenta el sistema electoral y de partidos políticos. No caigamos en la trampa de impedir la aprobación de esta reforma con el argumento de que es insuficiente y que le hacen falta cosas. La reforma tiene avances en muchas materias. Uno de ellos es lo relativo a la normativa de fiscalización del financiamiento partidario.
El mejor escenario para el país es que el presidente Morales sancione la ley. Esto da paso a que se inicie el proceso de implementación y la discusión de la próxima generación de reformas electorales. ¿Considera que el presidente debe sancionar la ley?
