“Para Guatemala queda todavía un largo camino en estas lides. Las redes de saqueo se resisten a ceder y logran aún filtrar su discurso entre los incautos, o bien entre los tontos útiles que cobran sueldo por repetir como loritos lo que sus jefes pretenden hacer creer”.
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El país se mueve y camina, a veces más de lo que muchos están dispuestos a aceptar. Pero claro: también avanza bastante menos de lo que quisiéramos. Sería mezquino, sin embargo, ignorar el trecho recorrido. El pago al fisco de Q792.9 millones por parte de Aceros de Guatemala representa un hito histórico para la Superintendencia de Administración Tributaria. Sí, esa misma entidad que trece meses atrás era noticia porque la corrupción había alcanzado extremos de vulgaridad y de gula, casi inimaginables hasta para nuestros podridos estándares.
Si la historia es como ha trascendido en los medios, la compañía siderúrgica puso al día su deuda con el Estado porque las pruebas en su contra eran contundentes. Y en ese caso, no es aceptable hablar de “terrorismo fiscal”, como algunos voceros del empresariado duro se apresuraron a proclamar, sino de una especie de “terrorismo evasor”, por cierto muy condenable si nos basamos en las precariedades de la red hospitalaria. Y ya que me refiero a esos “voceros”, me impresiona que hasta ahora no haya salido ninguno a rechazar lo que sugiere ser un monumental robo a las arcas nacionales, como sí suelen hacerlo con diligencia e indignación cuando los infames saqueos son perpetrados por burócratas, o bien por funcionarios a quienes no consideran “de los suyos”. Por otro lado, ha sido sumamente estimulante encontrar gente del sector privado que asume con inteligencia y decoro este proceso. Gente que, valga decirlo, paga lo que le corresponde y así compite en el mercado. Gente que rechaza, además, las maniobras que infinidad de empresas hacen para librarse, a lo mafioso, de sus obligaciones tributarias. Porque en esto no se trata de criminalizar a ningún sector, pues es previsible que grandes y pequeños evadan de mil y una maneras. Sean de derecha o de izquierda. La corrupción, como sabemos, no tiene ideología. Ni color de piel. Ni clase social. Especialmente en un país en el que el negocio turbio llegó a considerarse parte del paisaje.
El nuevo titular de la SAT, Juan Francisco Solórzano Foppa, parece decidido a cumplir con su cometido. Su mensaje por Twitter del pasado domingo, en el que hizo saber que un comercio en la zona 11 no le había dado factura, sacó de balance a muchos. Y aunque recibió críticas, logró despertar el debate de la impostergable tarea ciudadana de denunciar a las empresas y a los profesionales que no extienden un comprobante y que, por consiguiente, se roban el IVA. El número telefónico para hacerlo es el 1550, por si a alguien se el ofrece. Y tiendo a creer que, contrario a lo ocurrido en las aduanas con la treintena de capturados de La Línea, entre los particulares que defraudan al fisco sí cundirá cierto temor a partir de ahora, lo cual incidirá en positivo en los números de la recaudación. En tal sentido, la respuesta de Solórzano Foppa en una entrevista concedida a Emisoras Unidas fue que “es demasiado pronto como para saberlo”. A lo cual añadió de inmediato un reconocimiento a autoridades de la SAT que lo precedieron en el cargo y que, según dijo, iniciaron estas investigaciones que hoy le representan Q792.9 millones al Estado. Asimismo, el jefe de la Superintendencia dijo categóricamente que si estos casos no se concretaron antes fue “por corrupción”, algo que se deduce con facilidad dada la obscenidad con que se ha ejercido el asalto y la cloaca en nuestro ultrajado país.
Para Guatemala queda todavía un largo camino en estas lides. Las redes de saqueo se resisten a ceder y logran aún filtrar su discurso entre los incautos, o bien entre los tontos útiles que cobran sueldo por repetir como loritos lo que sus jefes pretenden hacer creer. Pero insisto: si lo que se ha revelado en los medios es la realidad, no estamos hablando precisamente de “terrorismo fiscal”, que lo ha habido, sino de un “terrorismo evasor”, que sigue habiendo. Pregunto: ¿Qué diferencia existe entre un alto funcionario que se embolsa un perverso sobreprecio por una obra mal hecha, y un empresario que contrata los servicios de intermediarios para “ahorrarse” millones en impuestos? Según yo, ninguna. Por ambas acciones abyectas se mueren los enfermos cuando las medicinas faltan en los hospitales. Y eso, como se vea, es un crimen de bastarda humanidad.
