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“El poder ilimitado es capaz de corromper las mentes de aquellos que lo poseen”, señalaba William Pitt en el seno de la Cámara de los Lores del Reino Unido de Gran Bretaña en 1770. A un año del despertar de la ciudadanía y los cambios que se están dando en Guatemala, es importante reflexionar si no hemos sido víctimas al delegar demasiado poder en algunos y entender en qué han fallado los órganos de control para equilibrarlo. Somos una República y se busca que exista real independencia y control entre los tres poderes –Ejecutivo, Legislativo y Judicial–.
La semana pasada apreciamos una lucha de poder entre el Ejecutivo y el Legislativo. Luego de la aprobación del decreto 13-2016 que reforma el Código Penal, el cual pretende mandar a prisión a los ministros, los secretarios y demás los funcionarios del Ejecutivo que no asisten a las citaciones del Congreso, y que fuera vetada por el presidente Morales, el pleno del Congreso con 106 votos dejó vigente el decreto. Durante el ínterin se reveló que los diputados de FCN-Nación estaban presionando y “arrodillando” a varios gobernadores, lo que causó descontento entre la población.
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Luego se divulgó que un diputado sería evaluado hoy conforme el artículo 67 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo (LOOL). Además, se propusieron reformas a la LOOL para las citaciones de los funcionarios y las personas que administran o reciben recursos del Estado. Solo podrán citar presidentes de comisiones o jefes de bloques, tres días antes, y debe expresarse “claramente” las razones y los motivos. Las reuniones solo se llevarán a cabo en las instalaciones del Congreso, en sesiones públicas y serán grabadas.
Más de la mitad de los miembros de la comisión o bloque debe estar de acuerdo y además solo se tratarán temas relacionados con el campo del funcionario. El que no cumpla con estas normas será sancionado por la Junta Directiva o Comisión Permanente.
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Es evidente que hay una arbitrariedad de parte de muchos diputados hacia funcionarios del Ejecutivo. El presidente Morales numeró más de 250 citaciones al Congreso y el presidente Taracena hablaba de 171. Definitivamente el poder que se les ha otorgado a los diputados ha cambiado a muchos de ellos. Debido a que pueden interpelar y darle un voto de desconfianza a un funcionario, muchos abusan y coaccionan. Se sabe de algunos que son irrespetuosos, prepotentes, groseros y amenazantes. Varios citan para solicitar contratos de obras o personal, pocos para informarse y algunos lo hacen por cumplir su mandato. Personas agradables y humildes, que posiblemente nunca habían manejado poder, se convierten en individuos crueles e hirientes.
El decreto 13-2016 puede ser inconstitucional y además no acabará con el chantaje y la extorsión entre poderes. Se requiere de protocolos y procedimientos claros entre funcionarios. Por ejemplo, cualquier empleado referido debe someterse a una evaluación y ganar una prueba. Las obras deben contar con dictámenes técnicos de Segeplan y los procesos de asignación de contratos tocan ser transparentes y competitivos. El Congreso necesita un contrapoder que les ponga límites a sus miembros. Los medios de comunicación y las redes sociales han contribuido a moderar abusos de poder y tráfico de influencias.
También el Ministerio Público y la CICIG han emprendido investigaciones y señalado a varios exparlamentarios. Asimismo se espera una Contraloría más audaz. Sin embargo, pareciera que no ha sido suficiente. ¿Cómo hacemos para que los diputados se vean coaccionados a extralimitarse en su poder? ¿Qué sanciones le podría usted a un diputado corrupto e irresponsable? ¿Qué le recomendaría al presidente Morales ante la situación?
