“Taracena ha comenzado a destapar una cloaca. Insisto: ojalá que no se quede en hablada o en show. Y que llegue hasta las últimas consecuencias, sin importar lo que arrastre”.
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En las noches de intenso frío me acuerdo de los que no tienen casa. Y también de aquellos que viven arrinconados por su soledad. No puedo evitarlo. Ha de ser duro dormir en la calle. Y es muy triste abrazar a una almohada cuando no se tiene con quien apaciguar una cama de hielo. En esto pienso mientras medito cómo expresar mi indignación por el asunto de los desproporcionados y abusivos sueldos en el Congreso.
Las cifras que vuelven a salir a luz, como esa de una contadora que percibe Q76,000 o la de un conserje que gana Q30,000, representan uno de los atropellos más descarados permitidos por esta sociedad tan displicente y tan mediocre para ocuparse de lo que le concierne; una sociedad que, gracias a lo que viene aconteciendo desde que la CICIG y el Ministerio Público revelaron en casos como el de La Línea, empieza a abrir los ojos y a luchar por su futuro.
Es inadmisible que el escándalo real estalle hasta ahora que un diputado de colmillo como Mario Taracena llega a la presidencia del Organismo Legislativo y decide hacer públicos, con mayor exactitud, los desmanes ya conocidos. Antes de eso, aunque en los medios se haya tocado el tema infinidad de veces, la visión de los periodistas y de la gente había sido derrotista e inoperante, sobre todo en cuanto a la inmoral negativa de juntas directivas anteriores para facilitar la información que, por ley, deberían mantener a la vista.
Incluso en días recientes he oído a algunos dar por perdida la batalla para que se anule o se corrija este vejamen, aduciendo que “así ha sido siempre”. El sindicato del Congreso, con más intuición que los mismos ex presidentes del Legislativo, dijo estar dispuesto a negociar de nuevo el pacto colectivo, pese a aclarar de manera rauda que no renunciará a sus verdaderos privilegios. Y Taracena, que parece ir en serio, no ha dejado pasar la oportunidad y ha lanzado el reto, el cual ojalá no se quede en hablada o en show. La oportunidad es hoy.
Como casi todo lo que últimamente ocurre en el país. Es preciso, por ello, que la ciudadanía no se distraiga en este episodio y que propicie un hecho ejemplar que empiece a desactivar la vocación arbitraria de algunos sindicatos estatales. Aclaro: no se trata de satanizar los pactos colectivos. Pero las evidencias indican que, lejos de su planteamiento original, éstos se volvieron en múltiples casos el vehículo de operaciones para una descarada mafia que ofende al contribuyente y lo esquilma sin piedad.
A lo que se añade algo incluso peor: que desprestigia la tan necesaria y saludable negociación entre empleados y patronos, cuyo fin debiera ser lograr condiciones más humanas para el trabajador asalariado, aumentando la productividad, sin que ello haga peligrar la estabilidad financiera de la entidad en la que labora. Eso es aplicable al Estado y al sector privado, pues tanto peca el patrono que, pudiendo pagar salarios decorosos, le niega ese derecho a sus colaboradores, como aquellos grupos organizados que, con la bandera de la justicia salarial, vuelven inviable en lo financiero a una compañía o a una oficina pública.
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Entiendo que el Congreso se encuentra emplazado y que despedir a su personal de planilla es un trámite engorroso. Pero siguiendo los pasos que contempla la ley, considero que a corto plazo debería de despedirse a los empleados que hoy capitalizan de manera más estridente ese leonino y ridículo 10 por ciento anual de aumento, y que reciben un sueldo sin relación alguna con sus responsabilidades, calidades y formaciones. Eso sería lo mínimo que yo esperaría y que, supongo, esperarían millones de guatemaltecos.
Porque a lo anterior hay que sumar los espeluznantes cálculos que se hacen de las plazas prescindibles e inútiles que abundan en el Organismo Legislativo. De hecho, Taracena dijo al aire en Emisoras Unidas que él estima que sobran unos dos mil empleados, lo cual, además de inaceptable, es un insulto para la situación de precariedades que se sufren a diario en el sistema nacional de salud, o bien en numerosas escuelas públicas.
Nuestro país no se distingue por políticas salariales técnicas y coherentes. Son muchas las empresas que reproducen el modelo distributivo que impera en la sociedad, en el que una minoría gana mucho y, en comparación, una mayoría obtiene casi nada. Lo del Congreso, sin embargo, no es exactamente eso. Ahí se trata de un botín en el que se conjugan los verbos más aberrantes de nuestra sociedad. Desde la componenda política hasta el abuso sindical, pasando por los fraudes del compadrazgo burdo y siniestro, mezclados con la irresponsabilidad de los funcionarios de turno.
Taracena ha comenzado a destapar una cloaca. Insisto: ojalá que no se quede en hablada o en show. Y que llegue hasta las últimas consecuencias, sin importar lo que arrastre. Porque esto le ha dado a la gente renovadas motivaciones para seguir llevando hacia el Congreso sus reclamos más legítimos.
Me pregunto qué espera el Ejecutivo para empezar con acciones similares que cimbren sus estructuras y que marquen una pauta. Mientras tanto, la CICIG y el Ministerio Público investigan a varios diputados. Y eso resulta estimulante. Confío en que pronto, junto con la ciudadanía, se hagan sentir en los pantanos de la novena avenida con sus “pasos de animal grande”.
