No cabe duda de que los guatemaltecos están despiertos. Luego de la publicación de la planilla de los trabajadores del Congreso, hemos quedado indignados al ver los sueldos que obtienen mensualmente: Telefonistas de Q25 mil, conserjes y ujieres que reciben Q30, asistentes de Q45 mil y contadores de Q76 mil –y esto sin el aumento del 10% de este año–.
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Asímismo tuvimos la marcha de algunos maestros el jueves 21, dirigida por un líder sindical, solicitando una serie de demandas educativas y otras más de tipo ideológico, como la nacionalización de la energía eléctrica y de la minería. Atinada la intervención del presidente exigiendo a los maestros que cumplan con los 180 días de clase y de hacer sus protestas los sábados –aunque igual los altos funcionarios debieran de atenderlos solo el fin de semana.
Ambos temas tienen una estrecha relación con los pactos colectivos de condiciones de trabajo del sector público. Uno del Congreso de la República y el otro con el Ministerio de Educación. En el caso del Congreso desde el año 2006 que se firmó, se le otorgó a los trabajadores que están bajo el renglón 011 10% anual, y además bonos como el de antigüedad y el navideño.
En relación con el de Educación, en febrero de 2013 se suscribió un segundo pacto colectivo entre el Ministerio de Educación y el sindicato (STEG). Este daba aumentos salariales de 8% el primer año, 10% el segundo y 12% el tercero, además de seguro de vida y licencias para líderes sindicales para no laborar a tiempo completo. El pacto finalizó este año, razón por la cual inician las movilizaciones para presionar a las autoridades y lograr suscribir uno nuevo.
Muchos políticos especulan que el tener a los empleados públicos de su lado –especialmente a los sindicalistas– es positivo para ganar elecciones. Esta idea ha provocado en gran parte la suscripción de una serie de pactos colectivos nefastos para el país donde han quedado claras las relaciones entre algunos políticos y los líderes sindicales, así como la compra de voluntades y enriquecimiento de algunos pocos. Esto ha traído muchos problemas no solo financieros, sino de eficiencia y gobernabilidad del país. Los presupuestos son deficitarios, no se cuenta con servidores públicos profesionales, el rendimiento del trabajador es mediocre y el otorgamiento de privilegios ha causado liderazgos negativos con poder desmedido.
Es momento de poner límites a estos pactos, determinar cantidad y calidades de empleados necesarios por institución y contratar a los más calificados. Por ejemplo, del año 2013 al 2015, el gasto de la administración central del Congreso aumentó de Q535 a Q697 millones, los empleados contratados en el renglón 011 en el Congreso pasaron a ser de 1,308 a 1,702; lo que significa un incremento de 30% tanto de personal como de dinero, siendo los mismos 158 diputados. En Educación el presupuesto aumentó en ese mismo periodo de Q10,744 a Q12,295 millones (15%) manteniendo la misma cobertura de alumnos, recibiendo una calidad educativa deficiente, pero anecdóticamente aumentando el número de maestros.
Debemos exigir la revisión de todos los pactos colectivos que existen en el sector público y establecer lineamientos claros a futuro. Mínimo deben sujetarse a las normas del Estado, negociarse con transparencia y no otorgarse privilegios. Será de fortalecer la Ley de Servicio Civil en todas las instancias y lograr funcionarios públicos de carrera que escalen por mérito y que sus mejoras salariales sean por resultados. ¿Qué opina de los pactos colectivos? ¿Qué debiera de hacerse al respecto? ¿Qué papel juega la ciudadanía para cambiar esta situación?
