En los últimos días se ha discutido sobre los impactos que tienen los excesos contemplados en pactos colectivos en instituciones públicas. El problema principal radica en que algunos pactos consideran beneficios insostenibles e injustos, que van incluso en detrimento del interés público.
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Los pactos son instrumentos legítimos y válidos para mediar la relación entre patronos y trabajadores, tanto en el ámbito público como en el privado. No apoyo aquellos casos en donde, bajo el manto de la defensa de los derechos laborales, se abusa de recursos públicos. Lamentablemente, estas malas experiencias contribuyen a desacreditar la negociación colectiva. No debemos caer en la trampa. El derecho a la sindicalización y la negociación colectiva está reconocido en la Constitución y en instrumentos internacionales de derechos humanos, ratificados por el Estado de Guatemala.
ASIES en su propuesta “Negociación colectiva en el sector público”, contenida en el conjunto de propuestas de “Guatemala Camina: Pasos firmes para cambiar” –que enumera acciones en 12 áreas para contribuir a la transformación del país–, presenta una agenda de trabajo que deberá considerar el próximo gobierno para rescatar el valor de la negociación colectiva en el Estado como un derecho fundamental de los trabajadores, sin que esto represente costos injustificados para las finanzas públicas.
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La propuesta señala que la falta de criterios que orientan la negociación colectiva en las entidades estatales ha provocado que, en general, los pactos colectivos negociados incurran en una carrera ascendente aparentemente interminable de beneficios que se convierten en costos salariales y financieros cada vez más elevados para las finanzas públicas. Esto genera una corriente de opinión pública desfavorable hacia el ejercicio del derecho de sindicación y de negociación colectiva por parte de los trabajadores del sector público. Por ello, ASIES resalta que no hay que perder de vista la diferencia esencial que existe entre la negociación en el ámbito privado, donde se comparten las utilidades o ganancias del empleador, con las del sector público, donde funcionarios y empleados están al servicio del bien común.
El próximo gobierno enfrentará una situación financiera muy crítica y deberá en este sentido, tomar acciones contundentes para revisar muchos pactos colectivos que están asfixiando a las instituciones. Es importante que conozcamos qué están proponiendo los partidos para solucionar este problema, que también está vinculado con la transparencia y el buen uso de los recursos públicos. Es importante que los partidos tengan respuesta al menos a las siguientes preguntas: ¿Cómo lograr que los pactos colectivos contribuyan a crear condiciones de trabajo decente sin perjudicar la calidad de los servicios y el interés general? ¿Cómo se puede evitar el conflicto de intereses en que incurren los funcionarios que negocian pactos colectivos, beneficiándose luego de las condiciones de estos? ¿Cómo evitar que se comprometan recursos públicos sin sustento legal ni presupuestario?
Es necesario rescatar el valor de la negociación colectiva como un derecho fundamental de los trabajadores y su prestigio como un procedimiento idóneo para que empleadores y trabajadores mejoren las condiciones de trabajo. ¿Estará dispuesto el próximo gobierno a asumir el costo político para tomar acciones contundentes en esta materia? @josecsa2 ¿Qué opina usted?