El crecimiento económico de un país indica el aumento de su producción en un periodo. En la medida que la economía crece (o la producción aumenta), se generan nuevas oportunidades de empleo. En los últimos 25 años, Guatemala ha mostrado un crecimiento económico moderado, insuficiente para las necesidades de empleo en el país. Con un promedio anual de 3.3% en este cuarto de siglo, en tan solo una ocasión (en 2007), el crecimiento de la economía superó el 6% señalado en los Acuerdos de Paz como el mínimo necesario para impulsar el desarrollo social. Dicho resultado fue un caso aislado, propiciado por un favorable desempeño de la economía mundial, previamente a la crisis de 2009, cuando la producción nacional se estancó.
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Contrario a percepciones que puedan tenerse, la actividad productiva del país no se ve afectada seriamente por la incertidumbre que pueda derivarse de los procesos electorales. Es el caso de los años 2007 y 2011 cuando hubo elecciones y el crecimiento económico fue superior al promedio de los otros años. Pero un factor que sí afecta negativamente a la economía es el deterioro institucional causado por la generalizada corrupción en el uso de los recursos públicos, y la impunidad que favorece a los funcionarios transgresores de la ley.
De acuerdo con el Índice de Percepciones de Corrupción, elaborado por Transparencia Internacional, en 2014 Guatemala ocupó la posición 115 entre 175 países evaluados, por lo cual se ubica en el 35% de casos con mayores niveles de corrupción. Las redes de defraudación y tráfico de influencias descubiertas en 2015 en la SAT y en el IGSS sugieren que la situación real puede ser peor que la revelada por la calificación del año anterior. Los antecedentes de la red en las aduanas indican que el problema se ha agudizado en años recientes, pero su antigüedad es de varias décadas. Quizás las mismas en las que el crecimiento económico nacional ha sido errático e insuficiente.
Guatemala es una economía que crece, pero de manera insuficiente. La corrupción y la impunidad que se han agudizado en 2015 son un freno a las posibilidades de generación de más inversión y empleo. Las protestas sociales como reacción a los hallazgos recientes no generan inestabilidad que ahuyente las inversiones. Son la respuesta natural a un deterioro institucional profundo, que no se resuelve acallando los reclamos de la población.
“Las protestas sociales como reacción a los hallazgos recientes no generan inestabilidad que ahuyente las inversiones. Son la respuesta natural a un deterioro institucional profundo, que no se resuelve acallando los reclamos de la población”.