La población merece que la política partidista en su mayoría sucia y corrompida por el robo y el lavado de dinero la dejen en paz durante el descanso y el recogimiento de tradiciones religiosas de siglos.
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Sin embargo ciertos plagiaristas, algunos ladrones y otros corruptos y corruptores de la política en franca y abierta violación a la Ley Electoral y de Partidos Políticos y a la Constitución Política de la Republica han decidido hacer un “verano rojo” o propaganda con botellas de agua, pintas ilegales en montañas, piedras, postes, laderas y en donde quiera que la pintura comprada con dinero de dudosísima procedencia, agarre.
No tenemos por qué tolerar este abuso insolente y grosero de las leyes vigentes y a la Constitución. Vivimos, o al menos aspiramos a vivir en una Republica de Leyes y no de caprichos de hombres o mujeres soeces y algunos hasta vulgares que creen que ellos son la ley y tal vez quisieran recordar aquel tristemente célebre e infame dicho del rey absolutista francés “el Estado soy Yo” en la megalomanía más altanera contra la paz y la tranquilidad que pudiera das si existieran magistrados que hicieran de su carrera el estricto cumplimiento de la ley, del Derecho como norma civilizadora y no como capricho del antojo del día de hoy, o de ayer, o de mañana.
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Eso me recuerda, que, de alguna manera, habrá también que darles un curso de emergencia en Derecho Constitucional y en Garantías Constitucionales a los abogados asesores del despacho del Ministro de Gobernación, del Procurador de los Derechos Humanos, y de la Procuraduría General de la Nación.
Pues sin duda alguna, los señores abogados de dichas entidades no han leído la Constitución Política de la República de Guatemala, ni la ley constitucional de Emisión del Pensamiento, convalidada por la asamblea nacional constituyente que promulgo la Constitución vigente desde 1985.
Sucede que dichos juristas, ilustres letrados que necesariamente hubieron de cursar varios semestres de derecho constitucional y hubieron también hace ya muchos años de haber entendido que la supremacía del orden constitucional no tiene argumento en contra y que las garantías constitucionales o son y se respetan, o si no, entonces estamos condenados a vivir bajo la ley de la selva, bajo la ley o la tiranía del más fuerte, del que tenga más dinero sucio, del más corrupto del mas arrogante de los tiranos: la ignorancia, o lo que es peor la desidia de hacer cumplir la ley tal y como está escrita y la Constitución tal y como se promulgo hace ya tantas décadas.
Resulta digo, que los señores abogados del Estado autorizaron la creación inconstitucional a todas luces y flagrantemente violatoria de la Ley constitucional de Emisión del Pensamiento, de la Fundación contra el Terrorismo Mediático, que no solo usurpa evidentemente el nombre de otra fundación ya creada y esa si con objeto y fines completamente legales y legítimos (los miembros de esa otra fundación ya plantearon recurso administrativo de revocatoria contra la autorización y el acuerdo gubernativo que crea la Fundación Contra el Terrorismo Mediático, del Ministerio de Gobernación) sino que además tiene dentro de sus fines “defender a personas particulares que sean perseguidos o aterrorizados por los medios de comunicación social”.
Dicho objeto es a todas luces no solo ilegal, sino notoriamente inconstitucional, pues solo el Jurado de Imprenta dentro del procedimiento de la Ley de Emisión del Pensamiento, es la única autoridad estatal que puede o no declarar si un escrito o nota periodística es constitutivo de calumnia o injuria y ningún tribunal ni penal ni civil puede juzgar a ningún guatemalteco por externar su opinión, es más aún si fuese una calumnia al ofendido el único derecho que le asiste es el derecho de aclaración o respuesta y si se le condena al periodista no debe pasar ni un solo día en la cárcel pues la pena máxima que dicha ley de emisión del pensamiento señala es de seis meses de arresto excarcelables bajo fianza.
Ojala, y los juristas, que inclusive pudieron haber cometido varios delitos de violación a la constitución y a las garantías constitucionales de libertad de expresión reconsideren y deroguen inmediatamente dicha autorización para dicha fundación de objeto y fines abierta y flagrantemente ilegales.