Opinión

ESE PAÍS ES EL NUESTRO

“La vida de un periodista no vale más (ni menos) que la de cualquier ser humano con otra profesión. Tan repudiable es que maten a un piloto de autobús como a un reportero”.

El revuelo de un reportero acribillado a balazos también se refleja en la óptica de los medios de comunicación y, por consiguiente, en las percepciones de la sociedad. Lo cual es lógico, por injusto que parezca. E incluso es mucho más significativo y preocupante cuando el periodista que cae víctima de un ataque mortal, es independiente y reconocido por cuestionar al poder, sea este legal o paralelo, o bien cuando descubre con su trabajo, actos de corrupción que involucran a personas con influencias. Es como cuando ultiman a un dirigente que alza la voz para denunciar abusos y saqueos, o como cuando el asesinado es un operador de justicia que investiga o delibera en algún caso en el que está implicado un “pez gordo”. Todos estos ejemplos nos ilustran lo que en la jerga legal y periodística se denominan “casos paradigmáticos”, o bien de alto impacto. Y se consideran así porque son notorios y emblemáticos. Porque revelan de manera contundente cómo se mueven las velas del navío social. Porque sus implicaciones comprometen al sistema de valores en su conjunto. Es en ello en lo que radica su importancia. Si la muerte de los periodistas de Suchitepéquez queda impune, o es solo resuelta a medias, todos los guatemaltecos estaremos más indefensos que antes frente a la violencia. Y más asustados. Y con menos esperanza. Porque cuando el miedo doblega y aterroriza a quienes desnudan las atrocidades y el latrocinio, entonces el peligro de hundirse en dictaduras y en despotismos se multiplica. Es desolador que en Guatemala el sicariato cobre tantas vidas. Que funcionen, con semejante saña, auténticas máquinas de matar. La tragedia escribe demasiadas historias grotescas en nuestra diaria cotidianeidad. Y acallar a la prensa solo contribuye con empeorar este sangriento panorama. En el trágico episodio de Suchitepéquez, en el que la lista de muertos apunta ya tres nombres, las autoridades deben ir a fondo. No importa lo que salga de la investigación si esta es confiable y bien hecha. Es esencial que se llegue hasta los autores intelectuales, para que todo el peso de la ley caiga sobre ellos. Y que ocurra más pronto que tarde. Pero que ocurra. Y es sensato prepararse para sorpresas como se ha visto en ocasiones anteriores, porque esta Guatemala narcopandillerizada y mafiosopolitiquera es un Pandora de cajas fúnebres y una Sodoma en la que Gomorra dibuja su calco. No siempre lo que destapan los resultados de las pesquisas es agradable de oír. De hecho, en las valientes declaraciones que me dio desde su lecho de convalecencia el colega Marvin Túnchez, apenas un par de días después de la pesadilla que vivió al quedar herido en el ataque que segó las vidas de sus dos compañeros, él mismo recordó una de las deudas pendientes que el sistema debe corregir en el corto plazo: los bajos salarios de los reporteros de provincia; su situación vulnerable y débil frente a las autoridades locales y respecto de los hampones del lugar. Insisto: la vida de la gente de prensa no vale más (ni menos) que la de profesionales de otras disciplinas. Como bien lo dijo el colega Haroldo Sánchez, debemos estar conscientes de que la impunidad debe ser condenable en cualquier episodio de sangre, y no únicamente en aquellos que acaparan titulares. En toda comunidad, los crímenes sin castigo solo engendran el castigo del crimen para esa comunidad. Y un país donde se asesina a periodistas está más cerca del colapso y de la debacle, no digamos si en ese mismo país se mata con granadas a población civil que va caminando por la calle afuera de un hospital público. Duele escribirlo: ese país es el nuestro.
 

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