Difícil y complejo comprender los recientes acontecimientos en Guatemala. Más desafiante aún encontrar soluciones a los retos que presentan estos para nuestro país. Entre la expulsión de una comunidad judía de San Juan La Laguna, las marchas y las presiones para derogar la famosa ley de vegetales, la acusación de la CICIG a varias personas de operar una red criminal desde el sistema penitenciario y la demanda de algunos líderes sindicales por más presupuesto para los servicios de salud y educación, muestra que vamos por el rumbo incorrecto. La conducción del país debiera ser por la ley y su respeto a la misma, y no por presión, poder o presencia. Claramente se percibe la ausencia de instituciones gubernamentales que efectivamente funcionen con una agenda de nación. Prevalece el éxito de las medidas de hecho y no de derecho, lo que es sumamente peligroso para orientar a los ciudadanos. Un caso es el de San Juan La Laguna. Respetamos a las autoridades ancestrales y a los miembros de las distintas comunidades; sin embargo, ellos no cuentan con la autoridad legal para excluir a un grupo de vecinos porque practica otra religión o posee una cultura diferente. Inclusive el Procurador de los Derechos Humanos señaló la violación de varios derechos humanos hacia los miembros de la comunidad judía ortodoxa que se vieron presionados para abandonar el lugar. Insólito lo que presenciamos con la Ley para la Protección de Obtenciones Vegetales. Una ley que estaba en discusión desde hace varios años, pendiente de decretar luego de la firma del tratado de libre comercio. Fue más controversial su aprobación en junio debido a que incluía una ampliación presupuestaria de Q550 millones para el Ministerio de Comunicaciones en su artículo 46 que del puro contenido de la misma. Días después se interpusieron recursos legales a algunos artículos, lo cual era el procedimiento; sin embargo, hubo tanta presión mediática que los diputados terminaron derogándola (117 votos). Adicionalmente, la sorpresiva acción de la CICIG el miércoles, al denunciar a funcionarios, un privado de libertad y particulares de ser parte de una red criminal operando desde una cárcel, impactará al país. Difícil comprender cómo esta decisión se tomó sin el total involucramiento del Ministerio Público. Lo más difícil será resolver el problema de la falta de autoridad en los centros penitenciarios, implantar una nueva cultura y lograr el control interno. Por último, deseo referirme a la marcha de varios sindicalistas del magisterio solicitando más recursos para la educación. Para algunos no es suficiente el pacto colectivo que les ha brindado aumentos salariales sostenidos sin ningún resultado positivo para la calidad educativa. De hecho, el nuevo presupuesto presenta un incremento de 12% para el año entrante. ¿Entonces? La amenaza de que habrá paros constantes genera muchas tensiones dentro de los hogares al no saber si habrá o no clase, así como en las calles y carreteras por los bloqueos y la incertidumbre del tráfico. ¿Cómo planificamos? ¿Cómo priorizamos? ¿Quién pone orden? Es urgente que nuestros organismos funcionen y que sus dirigentes tengan autoridad moral para lograr ley y orden.
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Opinión “La conducción del país debiera ser por la ley y su respeto a la misma, y no por presión, poder o presencia. Claramente se percibe la ausencia de instituciones gubernamentales que efectivamente funcionen con una agenda de nación”.
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