Luis Fernando Mack. Director del Instituto de Investigaciones Internacionales y Sociales de la Universidad San Carlos de Guatemala
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Guatemala es uno de los países más afectados a nivel mundial por los efectos del cambio climático, debido a que su posición geográfica lo hace vulnerable a todos los efectos del clima: en palabras de un funcionario de la Coordinadora Nacional para los Desastres (Conred), a Guatemala la afecta casi cualquier condición: si llueve mucho (como ha ocurrido en otros años), se producen deslaves, se crecen los ríos, se destruyen puentes, etc. Paradójicamente, este año ocurrió justo lo contrario, se dio una sequía de unas pocas semanas, y los efectos se están sintiendo en algunas áreas del país en donde se perdieron las cosechas, y las poblaciones están entonces expuestas a la hambruna.
El sistema de respuesta institucional que se ha construido –la Conred– ha sido relativamente efectivo para cumplir su primer objetivo, la de reducir el efecto de los desastres en el corto plazo, por ejemplo, con sus sistemas de alerta temprana que se han ideado, pero ha dejado de lado uno de sus objetivos estratégicos: la de la gestión integral del riesgo.
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La gestión del riesgo significa en la práctica cambiar una serie prácticas cotidianas que tienen un efecto multiplicador de los desastres, por ejemplo la construcción de viviendas a la orilla de los barrancos, las carreteras en las que se realizan cortes verticales a los cerros, haciéndolos vulnerables a los derrumbes, o los puentes que, sin las mínimas medidas de prevención, se construyen en lugares donde cuando crecen los ríos, se destruye la infraestructura.
Reducir la alta vulnerabilidad que tenemos como sociedad a los desastres implica que cambiemos nuestra forma de pensar, de manera que sepamos que por “ahorrarnos” unos quetzales terminamos pagando muchísimo más cuando tenemos que hacer frente, como país, a los muchos potenciales desastres a los que estamos expuestos.
Para ejemplificar este último punto, un ejemplo concreto y cotidiano. Muchas veces he tenido que circular de noche en las calles o carreteras de nuestro país, y sorprendentemente en muchos casos he encontrado muchos vehículos que no llevan adecuadamente todas las luces reglamentarias; muchas veces me encuentro, por ejemplo, con autobuses del transporte colectivo que prácticamente van a oscuras o mal iluminadas, transitando en plena vía pública, lo que los convierte en un peligro público que a nadie parece molestar o inquietar.
En el tema concreto de la gestión del riesgo, el auténtico desafío proviene del necesario ordenamiento territorial, de manera que no sigamos haciéndonos más vulnerables a desastres, tarea que es competencia compartida con las municipalidades del país.
La mala noticia, sin embargo, es que para nadie es un secreto que son las municipalidades los ámbitos de gobierno menos capacidad financiera y técnica, lo que significa que como sociedad seguiremos siendo vulnerables a los desastres naturales en el futuro.