Roberto Molina Barreto

Desarrollo económico sostenible, equilibrio social y ambiental

Foto: Publinews Roberto Molina. Magistrado presidente de la Corte de Constitucionalidad

El derecho a un medio ambiente sano se concibe como el derecho a la conservación, la protección y el mejoramiento del medioambiente, con el fin de lograr condiciones óptimas de vida de las personas.

Este derecho implícitamente abarca el derecho a ser informado de proyectos de desarrollo nacional y decisiones que podrían amenazar el medio ambiente; así también, a participar en la toma de decisiones (consulta); y el derecho a acceder a recursos eficaces que aseguren su tutela. Respecto de la regulación en Guatemala, la Constitución Política de la República, promulgada en 1985, contiene varios artículos relacionados con la protección del medioambiente, como un derecho de tercera generación.

Aunque no esté regulado expresamente, el derecho a un medioambiente sano se desarrolla en la sección correspondiente a los derechos económicos, sociales y culturales, en el art. 97, que habla del medioambiente y el equilibrio ecológico, señalando que es obligación del Estado propiciar el desarrollo económico, social y tecnológico y que para el efecto deberán dictarse las normas necesarias para garantizar que la utilización y el aprovechamiento de la fauna, la flora, la tierra y el agua, se realicen racionalmente, evitando su depredación.

Asimismo, en los artículos 125, 126, 128 y 129 constitucionales se declara de urgencia nacional y de utilidad y necesidad la explotación de los recursos naturales no renovables, se regula lo relativo a la reforestación y el aprovechamiento de aguas, ríos y lagos, y la electrificación.

En relación directa con el tema del desarrollo económico sostenible y el equilibrio social y ambiental, se encuentra el tema relativo al derecho de consulta de la población en general en los proyectos de desarrollo nacional. La Corte de Constitucionalidad de Guatemala, consciente de la obligación del cumplimiento y la aplicación de los convenios internacionales en materia de derechos humanos ratificados por el Estado de Guatemala, ante la falencia existente en cuanto a la normativa relativa a este derecho, ha emitido una serie de fallos utilizando el principio de concordancia práctica en la interpretación constitucional, siendo que en este tipo de casos entran en conflicto derechos fundamentales, bienes o intereses constitucionalmente amparados, lo que ha exigido un alto grado de ponderación de los valores en conflicto, a efecto de buscar la prevalencia del equilibrio entre los mismos y restar así el grado de conflictividad social que ello ha producido.

En ese sentido, se ha considerado que es incuestionable el derecho de los pueblos a ser consultados y que es necesario reforzar el procedimiento adecuado para llevar a cabo y efectivizar el mismo mediante cualquier método consultivo que permita recoger fielmente las opiniones de los integrantes de la población -que en aplicación del principio “pro homine” no necesariamente tenga que ser identificada como indígena- cuando se prevea que van a ser afectados con una medida legislativa o administrativa.

Este procedimiento necesariamente debe ser coordinado y supervisado estatalmente y requiere, para que constituya una verdadera consulta y no una simple jornada de opiniones o un mal denominado sufragio, que sean sometidos a análisis y expresados adecuadamente los puntos de vista que comprende la situación, con toda la información necesaria y pertinente, que permita la toma de decisiones con la participación de todos los actores involucrados, para así materializar y consumar plenamente los alcances que supone tal derecho. La Corte ha dicho que, si bien a la fecha no ha sido consolidada una plataforma legal que en el ámbito nacional regule de manera integral y eficaz el derecho de consulta en mención, es del caso mencionar que la propia Organización Internacional del Trabajo ha recalcado que el derecho previsto en el artículo 6º, numeral 2) del Convenio 169, antes referido, no debe interpretarse como el otorgamiento a los pueblos indígenas y tribales de un derecho de veto.

No debe tomarse de manera inconsulta ninguna medida que afecte a dichos pueblos, pero ello no significa que en el caso de desacuerdo nada pueda hacerse, pues ningún segmento de la población nacional de cualquier país tiene derecho a vetar las políticas de desarrollo que afecten a toda la población.

La finalidad última de la consulta es la concreción de acuerdos, los que lógicamente comprometen no solo a los desarrolladores de los proyectos en cuestión, sino además a las autoridades gubernamentales competentes y principalmente a las comunidades interesadas; por ello, la importancia de que participen directamente en nombre de estas quienes estén revestidos de verdadera representatividad.

Debe enfatizarse que ese carácter no vinculante de la oposición no desvincula al gobierno de su responsabilidad de ser respetuoso y garante de los derechos sustantivos de toda la población de la cual es mandatario, pero la buena voluntad y buena fe por parte de todos los involucrados debe privar en este tipo de procedimientos, sin manipulaciones de cualquier tipo tanto de los inversionistas interesados como de los entes gubernamentales involucrados o de algunas organizaciones no gubernamentales.